La representante Katherine Miranda denunció que familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido más de $3.000 millones en contratos estatales desde el inicio del gobierno de Gustavo Petro. Señala posibles conflictos de interés y cuestiona la crisis del sistema de salud.
La representante a la Cámara y candidata al Senado por la Alianza Verde, Katherine Miranda, denunció que familiares del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, habrían recibido contratos con el Estado por más de $3.000 millones desde la posesión del presidente Gustavo Petro en agosto de 2022.
“Mientras en el país niños mueren esperando medicamentos, los familiares del ministro han recibido más de 3.000 millones de pesos del Estado colombiano”, afirmó la congresista, quien aseguró contar con soportes contractuales que respaldan sus señalamientos.
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La denuncia se produce en medio de la crisis del sistema de salud y del debate nacional sobre la reforma estructural impulsada por el Gobierno.
Según Miranda, María Clara Berrocal —esposa de Omar Jaramillo, hermano del ministro— firmó cuatro contratos entre 2023 y 2026 con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por un valor superior a $390 millones.
Asimismo, indicó que Sebastián Jaramillo Berrocal, sobrino del jefe de la cartera de Salud, suscribió en 2024 un contrato con el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MinCiencias) por $72 millones.
La representante también mencionó a Camilo Andrés Jaramillo Berrocal, otro sobrino del ministro, quien habría celebrado 12 contratos con entidades públicas —entre ellas la Empresa Ferroviaria Regional— por montos que superarían los $1.400 millones.
Miranda advirtió que este último fue sancionado en 2023 por la Procuraduría General de la Nación por seis meses y que además fue imputado por presunto interés indebido en la celebración de contratos y enriquecimiento ilícito en el marco del caso Odebrecht. Según la congresista, pese a esos antecedentes, continuó suscribiendo contratos con el Estado.
En su denuncia pública, Miranda incluyó al hijastro del ministro, Sebastián Laverde Gómez, quien fue contratista de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) por cerca de $97 millones. Esta entidad administra los recursos del sistema de salud colombiano, actualmente en el centro del debate por la reforma sectorial.
También mencionó a Omar Jaramillo Martínez, hermano del ministro, quien habría suscrito un contrato con la Contraloría General de la República por $38 millones.
Adicionalmente, la congresista señaló que Alejandro Jaramillo Gómez, hijo del ministro, ejerce desde agosto de 2024 como director de ProColombia en el Reino Unido, con ingresos mensuales superiores a $40 millones, lo que sumaría aproximadamente $720 millones en el periodo referido.
En la lista también figura Beatriz Eugenia Gómez, esposa del ministro, quien se desempeña como superintendente delegada para Prestadores de Servicios de Salud en la Superintendencia Nacional de Salud, cargo por el que habría percibido cerca de $500 millones.
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“La pregunta es inevitable: ¿Estamos frente a un clan familiar beneficiado con recursos públicos?”, cuestionó Miranda al relacionar estos contratos con la coyuntura del sistema de salud.
Hasta el momento, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo no ha emitido una respuesta pública detallada frente a los señalamientos. Tampoco las entidades mencionadas han informado sobre posibles investigaciones administrativas derivadas de la denuncia.
El caso abre un nuevo frente político en el Congreso, donde la oposición y sectores independientes han intensificado el escrutinio sobre eventuales conflictos de interés y la transparencia en la contratación pública durante el actual gobierno.
Expertos en derecho administrativo señalan que la celebración de contratos por parte de familiares de altos funcionarios no constituye, por sí misma, una irregularidad, salvo que se demuestre tráfico de influencias, conflicto de interés o direccionamiento contractual.
En este contexto, la denuncia de Katherine Miranda podría derivar en debates de control político o solicitudes formales de investigación ante los órganos de control, en un momento especialmente sensible para el sector salud.