La Procuraduría General de la Nación decidió no extender la suspensión provisional impuesta al general (r) Juan Miguel Huertas y al subdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, quienes son investigados disciplinariamente por sus presuntos vínculos con estructuras de las disidencias de las Farc, específicamente con el cabecilla conocido como alias Calarcá.
Con esta determinación del Ministerio Público, ambos funcionarios deberán ser reintegrados a sus cargos en los próximos días, mientras continúa el proceso disciplinario en su contra.
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La investigación disciplinaria continúa abierta
El organismo de control aclaró que la decisión no constituye un cierre del proceso ni una absolución, sino que responde exclusivamente a la evaluación jurídica de la medida cautelar que los mantenía separados temporalmente de sus funciones.
Según explicó la Procuraduría, la suspensión provisional tiene carácter preventivo y no representa una sanción disciplinaria. Su prórroga solo procede cuando existen riesgos concretos como:
- Posible interferencia en la investigación.
- Reiteración de la conducta investigada.
- Obstaculización del recaudo probatorio.
En este caso, el ente de control concluyó que actualmente no existen elementos suficientes que justifiquen mantener la medida restrictiva, especialmente porque los investigados han colaborado con las autoridades durante el proceso.
Falta de pruebas actuales y hechos previos al ejercicio del cargo
Uno de los argumentos centrales expuestos en la decisión señala que los hechos materia de investigación habrían ocurrido antes de que ambos asumieran funciones públicas.
De acuerdo con el documento oficial:
- El general Huertas se encontraba retirado del Ejército Nacional.
- Wilmar Mejía aún no ejercía como directivo dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia.
La Procuraduría indicó además que, hasta el momento, no existe prueba actual que demuestre la persistencia de presuntos vínculos ilegales con organizaciones armadas.
Comunicado de la DNI y presión institucional
La decisión se conoce luego de que la Dirección Nacional de Inteligencia emitiera un comunicado solicitando a la Procuraduría definir la situación jurídica de su director encargado, debido a que el plazo inicial de suspensión impuesto en diciembre ya había expirado.
La incertidumbre administrativa había generado preocupación dentro de la entidad por la continuidad operativa de la institución encargada de labores estratégicas de inteligencia estatal.
Reunión en Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro
El anuncio también se produce una semana después de que Huertas y Mejía asistieran, el pasado 23 de febrero, a la Casa de Nariño para sostener un encuentro con el presidente Gustavo Petro.
Según versiones conocidas, los funcionarios buscaban exponer al mandatario el estado de sus procesos legales. No obstante, una de las partes aseguró que la reunión finalmente no se concretó por temas de agenda presidencial. El general Huertas habría asistido vestido de civil.
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Presunta infiltración de disidencias al Gobierno, eje del escándalo
El caso ha generado amplio debate político y de seguridad nacional debido a las denuncias sobre una posible infiltración de disidencias de las Farc en estructuras del Estado.
Las investigaciones preliminares señalan que:
- A Wilmar Mejía se le atribuye presuntamente facilitar acercamientos entre organizaciones criminales y miembros de la Fuerza Pública.
- Al general Huertas se le investiga por supuestamente impulsar la creación de una empresa de seguridad privada que permitiría la movilización legal de integrantes guerrilleros.
Estas hipótesis continúan bajo análisis dentro del proceso disciplinario liderado por la Procuraduría.
Proceso sigue en etapa probatoria
El Ministerio Público reiteró que la investigación permanece en fase de recolección y valoración de pruebas, por lo que aún no existe una decisión definitiva sobre responsabilidades disciplinarias.
Mientras avanza el proceso, la reincorporación de los funcionarios marca un nuevo capítulo en un caso que mantiene atención pública por sus implicaciones en materia de seguridad nacional, inteligencia estatal y posibles nexos entre funcionarios públicos y grupos armados ilegales.