Colombia, un país donde la geografía, el conflicto y la desigualdad se manifiestan en la distribución de la tierra, se encuentra ante el desafío de saldar deudas históricas para lograr la equidad y reducir la pobreza rural.
Según el informe de pobreza multidimensional del DANE en 2023, la pobreza rural alcanzó el 25,1%, en comparación con el 8,3 % en áreas urbanas; mientras que la pobreza monetaria se sitúo en un 41,2 %.
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A pesar de los avances, es necesario dar continuidad a los procesos de formalización y regularización de la tenencia de tierras, así como la instauración de prácticas efectivas de gobernanza, fundamentales para fortalecer la economía rural y la seguridad alimentaria.
En este contexto, la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural, en el marco de la Reforma Agraria, con la que se busca garantizar el acceso a la justicia en zonas rurales, así como la protección del campesinado, las víctimas del conflicto armado y grupos étnicos, marca la ruta a seguir.
Resolver la problemática de la informalidad en la tenencia de la tierra, que supera el 50% según datos de la UPRA en 2019, y abordar los cerca de 37 mil procesos agrarios pendientes que buscan clarificar la propiedad de la tierra, así como una variedad de conflictos por uso y tenencia, son algunas de las tareas que el país asume con la creación de esta instancia.
A lo anterior se suma la alta desigualdad en la distribución de la tierra, sobre lo que el IGAC y el DANE reportan que las grandes fincas de más de 200 hectáreas, que suman el 43,9 % de la tierra en el país, está en manos solo de un 1,6 % de los propietarios.
Así, con el ánimo de dar paso a un proceso piloto de lo que sería la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en alianza con los Ministerios de Justicia y del Derecho, y el de Agricultura y Desarrollo rural, con colaboración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y con recursos del Fondo Multidonante de Naciones Unidas para la Paz en Colombia, se dio inicio a los Diálogos sobre el derecho a la tierra y el territorio en los Montes de María.
En un primer diálogo que tuvo lugar en la Universidad de Cartagena este 10 de abril, y que reunió a más de 100 líderes y lideresas de los Montes de María, así como a representantes de instituciones, se abordó el avance decisivo hacia un sistema de justicia más inclusivo, adaptado a las realidades del campo colombiano.
“La jurisdicción agraria busca devolver la dignidad a las comunidades, recobrar la equidad y construir justicia para el campo y su gente” explicó la Ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago, al afirmar que “la jurisdicción agraria significa resolución pacífica de conflictos”.
Premisa con la que concuerda la Ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino, al decir en la apertura del diálogo que “estamos abriendo el camino para que, en Los Montes de María y en Colombia, la tierra sea un derecho que amplíe las posibilidades al desarrollo y el derecho a la alimentación”.
Y es que, como lo expuso también Agustín Zimmermann, Representante de la FAO en Colombia, “el derecho a la tierra y el territorio va más allá de la tenencia, vincula el desarrollo social, económico y ambiental”, elementos clave que contempla el proyecto Fortalecimiento de la Jurisdicción Agraria y Rural como estrategia para la consolidación de la paz en Colombia, en el marco del cual se desarrollarán estos diálogos sobre tierra y territorio.
Para el Magistrado Octavio Augusto Tejeiro, uno de los panelistas del diálogo, “la Jurisdicción Agraria es interesantísima y novedosa, representa un avance institucional para Colombia y un compromiso con quienes han sido históricamente excluidos del acceso a la justicia”.
El magistrado destacó los principios fundamentales sobre los que se estructura esta jurisdicción: la autonomía del derecho agrario y del procedimiento, la seguridad alimentaria, la decisión integradora y la cercanía del juez con los sujetos involucrados, destacando además la figura de jueces itinerantes como una forma de garantizar presencia real en los territorios.
Aspectos con los que Arturo Herrera, líder campesino de los Montes de María, coincide en afirmar son indispensables para el bienestar de las comunidades rurales. Arturo, un hombre adulto que ha pasado los últimos 30 años escapando del conflicto, ha sido víctima de este y sabe muy bien que “sin tierra no hay porvenir, sin tierra es imposible superar la pobreza y, muchas veces, costarse sin comer”.
Doris Tejada, lideresa de la Mesa de Víctimas de los Montes de María, y Aura Camargo, representante de comunidad de San Juan Nepomuceno, manifestaron que promover la titulación colectiva, el fortalecimiento de las organizaciones, así como la Ley de Mujer Rural son elementos claves para el desarrollo del campo colombiano.
Otra de las participaciones clave en este encuentro fue la de la Magistrada Claudia Expósito Vélez, quien presentó los avances estructurales que ha adelantado el Consejo Superior de la Judicatura para poner en marcha esta jurisdicción. Entre ellos, destacó la creación de un índice de priorización de territorios agrícolas y rurales, herramienta técnica que permite identificar las regiones con mayores necesidades de acceso a la justicia, con base en condiciones socioeconómicas, presencia de conflicto, demandas judiciales, dimensión étnica y demográfica, entre otros factores.
Finalmente, Juan Camilo Sánchez del PNUD, Nury Martínez de la Comisión Colombiana de Juristas, Andrés Leonardo Parra de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, y Mauricio Chamorro de la Universidad de Nariño, destacaron la importancia de articular acciones entre instituciones, comunidades, academia, sector privado y cooperación internacional para la implementación de la Jurisdicción Agraria y Rural.
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Para que la Justicia Agraria sea una realidad es definitivo que la sociedad en su conjunto conozca cómo cada uno de los habitantes de Colombia se puede beneficiar, al encontrar la estabilidad y sostenibilidad económica y social de la ruralidad y sus comunidades.
(Con información de la FAO)