Siete años del acuerdo de paz; radiografía bajo un clima de violencia

La firma del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional del entonces presidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, al mando de Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, marcó el inicio de un nuevo camino para el país tras más de 50 años de conflicto con ese grupo alzado en armas.

El 24 de noviembre de 2016 y tras sortear varios escollos, el entonces presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño se estrecharon las manos tras firmas los acuerdos a los que se ponía fin a un conflicto con cientos de miles de víctimas, desplazados y desaparecidos.

Un acuerdo trazado para 15 años en su implementación y que hoy, al cumplir la mitad de ese tiempo, sigue manteniendo el anhelo de paz en cada uno de los colombianos que en su momento decidieron decir SÍ a los acuerdos, pese al plebiscito donde la extrema derecha se opuso rotundamente y salió favorecida con un NO.

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Pero de aquella tarde-noche de sonrisas y clima de paz poco queda, pues el país nuevamente se ve sumido en un clima de violencia y grupos al margen de la ley como las disidencias de las Farc, tanto el Estado Mayor Central, al mando de alias ‘Iván Mordisco’, como la Segunda Marquetalia, el ELN y el “Clan del Golfo”, se fortalecieron y retomaron antiguos territorios dominados por la extinta guerrilla.

Con la firma del acuerdo de paz se pensó que serían varios los delitos como el secuestro, el desplazamiento y los asesinatos que desaparecerían, pero no fue así y actualmente, el primero de ellos, vuelve a estar en niveles iguales a los de hace más de una década. Las masacres intentaron bajar, pero nuevamente se recrudecieron y en menos de 48 horas se vivieron cinco que dejaron un saldo de 18 personas muertas.

El acuerdo de paz podría haber cerrado algunas heridas del conflicto con las extintas Farc, pero abrió otras que siguen sangrando a chorros, y algunas otras a cuenta gotas.

En municipios como Cartagena del Chairá, Caquetá, o Tibú, Norte de Santander, principal enclave de los cultivos de coca de la zona fronteriza con Venezuela, los alcaldes han tenido que gobernar en el exilio por amenazas de los grupos alzados en armas.

Las comunidades indígenas y afrocolombianas, unas de las más golpeadas por el conflicto durante tantos años, pensaron que era el momento de su resurgir, pero nuevamente se ven afectadas por llos grupos guerrilleros y paramilitares que ahora se pelean los pasos del tráfico de droga y el control de zonas influyentes de compra y venta de armas.

Hace tan solo unos días la vicepresidenta Francia Márquez reconoció que la implementación del Capítulo 7 del acuerdo de paz no se está cumpliendo y que es necesario alcanzar más logros concretos.

La radiografía del actual momento del acuerdo de paz es pesimista, no da claras opciones de avanzar y su tibia implementación desde el gobierno de Iván Duque, demuestra que a Colombia le falta mucho por aprender en este tema.

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Con la llegada al poder de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda de la historia contemporánea de Colombia, se pensó que la palabra clave de su campaña “cambio”, estaría a la orden de país, pero no ha sido así, por el contrario, han sido más los desaciertos en tema de paz, que aciertos.

La llamada “paz total” que busca el presidente Petro no le ha dado cabida para implementar de forma seria el acuerdo paz con los reinsertados y, por el contrario, el asesinato de los firmantes del acuerdo sigue sin parar. Al igual que el de los líderes sociales.

La reforma agraria se quedó estancada, la protección de los ETCR no avanza y muchos han tenido que abandonar estos territorios de concentración de excombatientes. Y así el acuerdo de paz no genera confianza para quienes firmaron, pero tampoco lo hace para aquellos que siguen con un fusil al hombro y quieren dejar las armas.

Pero no todo es malo, en medio del mar de desolación que son los acuerdos de paz, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia destacó logros como haber consolidado el informe final de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el mecanismo de justicia transicional para los delitos cometidos antes del primero de diciembre de 2016, como parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.