Un estrechón de manos ponía fin a más de 50 años de conflicto en Colombia, pero el camino no sería tan fácil como parecía al comienzo.
El 24 de noviembre será recordado en Colombia como el día que se firmó el “Acuerdo de Paz”. Como el día en que un estrechón de manos ponía fin a más de 50 años de conflicto interno y donde las víctimas, de un lado y de otro, por fin iban a ver un país en calma; en tranquilidad.
Desde aquel 24 de noviembre de 2016 han pasado cinco años, han pasado dos gobiernos, dos presidentes y muchas quejas. Pero la realidad es que al “Acuerdo de Paz” no le sobra nada de paz y le falta mucho de acuerdo.
Timoleón Jiménez, el último comandante de las Farc-Ep, y Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, protagonizaron una escena surreal el 23 de junio de 2016 en La Habana, Cuba, al finiquitar el acuerdo sobre el Fin del Conflicto, que incluía el cese al fuego definitivo y la dejación de armas de la guerrilla.
Raúl Castro, presidente de Cuba, y Ban Ki-moon, secretario General de Naciones Unidas, fueron los testigos de excepción de una corta ceremonia, en un salón del Palacio de Convenciones, Palco, que albergó a los negociadores durante cinco años.
Luego sería en una fresca tarde cartagenera donde “Timochenco” y Santos se volverían a encontrar. Aquel 26 de septiembre era el momento de firmar los papeles para el acuerdo final. Con Ban Ki-moon y Castro como testigos, acompañados de una docena de mandatarios latinoamericanos, una veintena de cancilleres, el Rey Juan Carlos de España y hasta el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quienes aplaudieron el gran logro de la sociedad colombiana. La paz de Colombia es la paz del mundo, repitieron.
Después del estrecho triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre de ese año, y tras una apresurada y accidentada renegociación del Acuerdo con los representantes del sector opositor, la escena se volvió a repetir el 24 de noviembre, esta vez en una corta ceremonia, sin tantos protocolos, sin invitados internacionales, sin las cantaoras de Bojayá, con una cuarta parte del público que fue a Cartagena, esta vez enfundado en trajes oscuros en el Teatro Colón de Bogotá.
Pero allí comenzó todo, desde la disposición de los invitados ya se sabía el camino por el cual se iba a tomar; Fragmentados. En una esquina los representantes del gobierno y la sociedad civil y en la otra, ellos, los excombatientes. Comenzamos mal el primer paso.
¿Qué ha fallado?
Se acabó el gobierno de Santos y llegó el de Iván Duque, más de tres años donde uno de los lemas es “paz con legalidad” y aunque todavía existen los ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación), lugar donde fueron enviados los excombatientes para su reintegración a la sociedad civil.
Pero no todo es así de sencillo, solamente esta año se han registrado cerca de 90 masacres, desplazamientos (el delito que más ha aumentado desde la firma del Acuerdo y que este año ha dejado alrededor de 75 mil víctimas, según Codhes), asesinatos de líderes sociales (más de 1.200 desde la firma del Acuerdo) y de excombatientes de las Farc (cerca de 300).
Según Indepaz, hoy existen 22 estructuras posdesmovilización de las Auc y 27 bandas emergentes que en los territorios son reconocidas por los pobladores como “paramilitares” y que actúan en 291 municipios; existen 30 estructuras posdesmovilización de Farc-Ep, que actúan en 123 municipios, y son cerca de 2.500 las personas que integran hoy las estructuras del Eln y que actúan en 211 municipios.
Pero a esto se le suma otra gran problemática, exguerrilleros y sociedad civil aún no ven las escuelas, clínicas y empleos que el gobierno prometió en el acuerdo firmado hace cinco años. Además, cientos de combatientes de las FARC regresaron a sus filas, decepcionados con el acuerdo de paz, o nunca se fueron. Los asesinatos en masa y los desplazamientos forzados vuelven a ser habituales.
Mientras en los territorios más afectados por la violencia se vive esta realidad, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, considerados por los expertos como la gran oportunidad del Estado para recuperar el terreno perdido en más de 60 años de desatención, despegan con dificultad. La ejecución de las 32.808 obras enlistadas no colma las expectativas de los pobladores de 170 municipios. Los cálculos más conservadores aseguran que de mantenerse el actual ritmo de ejecución, se necesitarían cerca de 39 años para su implementación total.
En este panorama que no suena muy alentador, resalta el trabajo de las tres entidades creadas para administrar la justicia transicional. La Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, y la Comisión de la Verdad hacen esfuerzos (a veces insuficientes) por satisfacer los reclamos y derechos de las víctimas y por mostrarle al país el horror que han significado estas décadas de conflicto armado.
¿Qué falta?
Una de las tareas más difíciles es la participación de sociedad civil en la construcción de una paz duradera. Reparos de un lado y del otro, boicot de políticos y empresarios a quienes buscan esclarecimiento de crímenes. Implementación lenta de los acuerdos y sobre todo, verdad y reparación.
Son enormes los retrasos en el cumplimiento de los puntos del tratado (1, 2 y 4) que involucran profundas reformas que deben aprobarse en el Congreso. La redistribución de la tierra, la solución a los cultivos de uso ilícito y apertura del sistema democrático, siguen pendientes.