El mensaje central del informe es inequívoco: la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la Unión Europea exige reformas profundas y urgentes.
lunes, 1 de diciembre de 2025
El mensaje central del informe es inequívoco: la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la Unión Europea exige reformas profundas y urgentes.
Un reciente informe difundido en Viena ha destapado una problemática que, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), se ha convertido en un fenómeno “sistémico”: la violencia y los abusos contra personas con discapacidad en centros institucionales de los 27 países del bloque comunitario. El documento identifica prácticas que van desde gritos e insultos hasta medicación excesiva, aislamiento forzoso, explotación financiera y agresiones físicas y sexuales, en clara contravención de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
La FRA advierte de una “creciente brecha entre la retórica y la realidad” en torno al derecho de estas personas a vivir de manera independiente. En su llamado a las autoridades, la agencia europea insta a los Estados miembros a “poner fin a la institucionalización” y a priorizar la inclusión plena en la comunidad, apostando por modelos de apoyo basados en la autonomía y no en el aislamiento.
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En un comunicado, la directora general de la FRA, Sirpa Rautio, subraya la magnitud del problema: “La violencia contra las personas con discapacidad en centros institucionales es un problema sistémico que requiere un cambio sistémico”. La responsable finlandesa remarcó que la UE y sus gobiernos tienen la obligación legal de garantizar el respeto a la dignidad, la protección frente al abuso y la integración real de este colectivo.
El informe, elaborado a partir de investigaciones documentales en todos los Estados miembros, concluye que la persistencia de la violencia se sostiene en barreras estructurales que dificultan o impiden denunciar abusos. Según la agencia, muchas víctimas han normalizado estos comportamientos debido al desconocimiento de sus derechos y a la falta de información accesible. En otros casos, la dependencia total del personal institucional alimenta el temor a sufrir represalias si se presenta una denuncia.
A estas condiciones se suman carencias en el acceso a mecanismos de denuncia seguros y adaptados, así como la ausencia de alternativas comunitarias viables. La FRA alerta de que esta combinación genera “una cultura de silencio e impunidad” que atraviesa buena parte de los sistemas de atención europeos.
El diagnóstico se agrava ante la falta de datos completos y comparables entre países. El organismo europeo sostiene que la escasez de información impide evaluar con precisión la dimensión del problema y detectar tendencias emergentes, por lo que pide mejorar los sistemas nacionales de recopilación y análisis.
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Entre las recomendaciones más contundentes, la FRA propone cerrar progresivamente las instituciones residenciales y avanzar hacia modelos comunitarios basados en la vida independiente. Además, plantea establecer formación obligatoria para el personal de los centros, fuerzas policiales, equipos de supervisión y operadores judiciales, junto con la creación de mecanismos de denuncia accesibles, confidenciales y protegidos para todas las víctimas.
El mensaje central del informe es inequívoco: la protección de los derechos fundamentales de las personas con discapacidad en la Unión Europea exige reformas profundas y urgentes, capaces de romper con décadas de prácticas institucionales que han perpetuado la vulnerabilidad y el abuso.
Over 1.4 million people with disabilities in the EU live in institutions.
— EU Fundamental Rights ➡️ #HumanRights (@EURightsAgency) November 27, 2025
Many face neglect, abuse, and even violence.
This latest report from the @EURightsAgency shows how we can change this.
Find out more: https://t.co/HcmHxTG5x8 pic.twitter.com/OjPxXzNjYD