A raíz de los bloqueos a Transmilenio que impactaron a más de un millón de personas los días 28 y 29 de mayo, la alcaldía de Bogotá demando al presidente de la CUT, Fabio Arias.
lunes, 2 de junio de 2025
A raíz de los bloqueos a Transmilenio que impactaron a más de un millón de personas los días 28 y 29 de mayo, la alcaldía de Bogotá demando al presidente de la CUT, Fabio Arias.
El 30 de mayo de 2025, la Alcaldía de Bogotá presentó una denuncia penal contra Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por su presunta responsabilidad en los bloqueos al sistema de transporte TransMilenio durante el paro nacional de los días 28 y 29 de mayo. La denuncia fue interpuesta por Camilo Ernesto Forero, subgerente jurídico de TransMilenio, y se fundamenta en declaraciones públicas de Arias en las que reconoció que los bloqueos eran parte de las estrategias del paro.
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El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, justificó la acción legal argumentando que los bloqueos afectaron a más de un millón y medio de ciudadanos y violaron el artículo 353 del Código Penal colombiano, que penaliza el uso de medios ilícitos para obstaculizar la circulación.
La denuncia especifica que Arias podría haber incurrido en delitos como instigación a delinquir, daño en bien ajeno agravado, perturbación del servicio público de transporte y obstrucción de vías públicas que afectan el orden público.
En respuesta, Fabio Arias defendió su apoyo a los bloqueos, argumentando que son una modalidad legítima de protesta reconocida por organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Arias también señaló que la criminalización de estas formas de protesta excluye las presuntas vulneraciones cometidas por la Fuerza Pública para contrarrestar el vandalismo.
La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortíz, reiteró que, aunque el Distrito respeta y defiende el derecho a la manifestación, estas acciones no deben vulnerar los derechos de millones de usuarios.
La acción judicial ha generado divisiones políticas: mientras sectores del gobierno y simpatizantes de Petro condenaron la decisión del alcalde por considerar que criminaliza la protesta social, la derecha capitalina respaldó la acción.
A pesar de la denuncia, la CUT ha convocado a una nueva jornada de movilizaciones a nivel nacional para el próximo 11 de junio, con concentraciones previstas en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.
El debate sobre los límites del derecho a la protesta en Colombia continúa, con opiniones divididas sobre la legitimidad de los bloqueos como forma de manifestación y la responsabilidad de los líderes sindicales en las afectaciones al orden público.
La Fiscalía General de la Nación deberá evaluar la denuncia presentada por la Alcaldía de Bogotá y determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra Fabio Arias.
Mientras tanto, la ciudadanía permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos, que podrían sentar precedentes sobre la regulación de las protestas y el equilibrio entre el derecho a la manifestación y el respeto al orden público en el país.
La situación también pone en evidencia las tensiones existentes entre las autoridades locales y los movimientos sindicales, en un contexto de reformas sociales y laborales promovidas por el Gobierno Nacional.
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El desenlace de este caso podría influir en las futuras relaciones entre el Estado y las organizaciones sindicales, así como en la forma en que se gestionan las protestas y se garantiza el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.