Con un ambiente tenso afuera y dentro de los estados judiciales avanzan los alegatos finales en el histórico juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
jueves, 3 de julio de 2025
Con un ambiente tenso afuera y dentro de los estados judiciales avanzan los alegatos finales en el histórico juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Avanza con intensidad la etapa de alegatos finales por parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el juicio que se le adelanta por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal. Esta fase del proceso es decisiva, ya que las partes exponen sus conclusiones finales frente a la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien deberá tomar una decisión en las próximas semanas.
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En medio de la audiencia del pasado 2 de julio de 2025, el abogado Jaime Granados —uno de los principales defensores del exmandatario— advirtió que el proceso judicial contra su cliente ha estado marcado por lo que calificó como una «trampa procesal». Según Granados, esta supuesta trampa fue orquestada por el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, con el objetivo de vincular falsamente a Uribe y su exabogado Diego Cadena.
Granados se refirió puntualmente a unas conversaciones sostenidas en febrero de 2018 entre Cadena y Monsalve en la cárcel La Picota. Según la defensa, en dichas conversaciones no hay evidencia de un intento de soborno, sino gestiones legítimas de verificación de versiones. Para el abogado, la Fiscalía ha querido presentar esos diálogos fuera de contexto para construir un relato que, en su opinión, no se sostiene con las pruebas.
En esa misma línea, otro de los defensores, Jaime Lombana, insistió en que no existe ninguna prueba directa ni documental que demuestre que Uribe haya ordenado a su exapoderado ofrecer beneficios a testigos a cambio de declaraciones favorables. Lombana fue enfático al afirmar que la Fiscalía no ha podido establecer ni siquiera una línea de investigación clara que justifique la acusación contra el expresidente.
Lombana también cuestionó la actuación de la fiscal del caso, Marlene Orjuela, quien solicitó una sentencia condenatoria. A juicio del abogado, Orjuela construyó su teoría del caso con base en especulaciones y no en elementos objetivos. Reprochó que durante las audiencias no se haya logrado probar la existencia de un acuerdo criminal entre Uribe y Cadena.
Por otra parte, la defensa ha insistido en que hubo fallas de procedimiento durante la fase inicial de la investigación, incluyendo supuestas filtraciones indebidas y uso selectivo de testimonios que, según ellos, no resisten un análisis riguroso. En ese sentido, Granados alegó que Uribe fue objeto de un “entrampamiento judicial”, donde algunos actores habrían colaborado para perjudicar su imagen pública.
El proceso judicial ha captado el interés del país, no solo por tratarse del primer juicio penal contra un expresidente colombiano, sino también por sus implicaciones políticas en un momento en que el Centro Democrático enfrenta divisiones internas y críticas externas.
Mientras los abogados de Uribe cierran sus intervenciones, el Consejo Superior de la Judicatura ya ordenó que el despacho de la jueza Sandra Heredia dedique todos sus recursos y tiempo exclusivamente a este proceso. La medida tiene como fin garantizar un fallo riguroso y oportuno antes del 7 de agosto de 2025, fecha clave en términos de prescripción y cierre de periodo judicial.
La defensa ha presentado más de 55 testimonios y múltiples peritajes para sostener que no existió delito alguno, mientras que la Fiscalía ha ofrecido 38 pruebas testimoniales, incluyendo las declaraciones de testigos clave como Monsalve, que han sido objeto de duros cuestionamientos.
Está previsto que el expresidente Álvaro Uribe intervenga personalmente el próximo 7 de julio, en una intervención final donde podrá referirse directamente a los cargos y defender su inocencia antes de que se anuncie el sentido del fallo.
El ambiente fuera de los estrados también ha sido tenso. Simpatizantes del expresidente han denunciado que el proceso forma parte de una “persecución judicial”, mientras que sectores críticos reclaman que se garantice justicia y que no haya impunidad para figuras con poder político.
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Con los alegatos de la defensa por concluir, se espera que la jueza Heredia se tome cerca de 20 días para deliberar y redactar su fallo. El país permanece atento al desenlace de un juicio que marcará un precedente histórico y que puede tener consecuencias políticas profundas para el futuro de la derecha colombiana y el equilibrio institucional.