La periodista y abogada, Ana Bejarano ha sido criticada debido a que su organización El Veinte logró que la Corte Constitucional ordenara a los operadores de telefonía celular que cambien sus reglas sobre la oferta de aplicaciones gratuitas.
La abogada y periodista Ana Bejarano, reconocida por su activismo en temas de libertad de expresión y derechos digitales, lideró junto a su organización El Veinte una acción legal que logró un fallo importante por parte de la Corte Constitucional. Esta decisión obliga a los operadores de telefonía celular en Colombia a modificar las reglas sobre las aplicaciones gratuitas incluidas en los planes de datos móviles cuando estos se suspenden.
Te puede interesar: El Catatumbo tendrá universidad e infraestructura modular: MinEducación
Actualmente, cuando un plan de datos queda inactivo por falta de saldo u otra razón, los operadores permiten a los usuarios seguir accediendo a ciertas aplicaciones como WhatsApp y Facebook sin consumir datos. Estas dos plataformas, sin embargo, pertenecen a la empresa estadounidense Meta, lo que plantea interrogantes sobre la neutralidad en la red y la posibilidad de un sesgo hacia determinados servicios digitales.
Ante esta situación, El Veinte presentó una demanda argumentando que esa práctica limita el derecho a la igualdad y restringe la libertad de elección de los usuarios. Según la organización, se debería permitir el acceso gratuito a un espectro más amplio de aplicaciones, o, en su defecto, que los planes suspendidos puedan seguir funcionando a una velocidad reducida, permitiendo así mayor equidad en el acceso a la información digital.
El caso escaló hasta la Corte Constitucional, donde incluso Meta, la propietaria de las aplicaciones beneficiadas, participó con argumentos en el proceso. Esto demuestra la importancia del debate no solo a nivel nacional, sino también para las grandes corporaciones tecnológicas, que siguen de cerca las decisiones judiciales sobre regulación digital en países como Colombia.
El fallo de la Corte dio la razón a El Veinte y conminó a los operadores móviles a replantear sus políticas. Aunque no impone una medida concreta inmediata, sí establece que las autoridades competentes deben evaluar estrategias para evitar que ciertas apps sean privilegiadas por defecto, en desmedro de otras alternativas digitales disponibles en el ecosistema digital.
La decisión generó un intenso debate público. Ana Bejarano fue blanco de críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la acusaron de adoptar una postura clasista, alegando que muchas personas de bajos recursos dependen exclusivamente de WhatsApp para comunicarse, trabajar o estudiar cuando no tienen un plan activo.
Ante estas críticas, Bejarano defendió su postura explicando que la medida no busca eliminar el acceso a esas aplicaciones, sino promover un entorno de igualdad digital, donde los usuarios puedan decidir qué herramientas usar sin estar condicionados por los intereses comerciales de las empresas de telecomunicaciones o de grandes tecnológicas como Meta.
Además, Bejarano señaló que hay diversas opciones que los operadores podrían adoptar para cumplir con el fallo sin afectar la conectividad de los más vulnerables. Entre ellas, propuso implementar una política de velocidad reducida para todos los servicios digitales cuando un plan de datos se suspende, permitiendo el acceso universal sin privilegiar plataformas específicas.
El caso también reabre el debate sobre la necesidad de garantizar la neutralidad en la red en Colombia, un principio que defiende que todos los datos deben ser tratados por igual, sin discriminación ni bloqueo según el contenido, la aplicación o el emisor. El acceso gratuito a unas pocas aplicaciones, dicen los expertos, contradice este principio y limita la diversidad digital.
La decisión de la Corte Constitucional representa un precedente importante en materia de regulación tecnológica y podría influir en cómo otros países latinoamericanos abordan la relación entre operadores, plataformas y consumidores. Para El Veinte, el objetivo es asegurar que el acceso a Internet sea equitativo y no condicionado por alianzas comerciales ocultas o por incentivos económicos de las empresas.
Por ahora, queda en manos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y otras autoridades del sector establecer cómo se implementará la decisión. Se prevé un periodo de transición, durante el cual los operadores móviles deberán presentar sus propuestas de cumplimiento y ajustarse al nuevo marco legal.
Te puede interesar: Inicia la temporada de huracanes en la región Caribe
Este episodio confirma el creciente papel que tienen las organizaciones de la sociedad civil en la defensa de los derechos digitales. El trabajo de Ana Bejarano y El Veinte pone sobre la mesa la importancia de pensar el acceso a la tecnología no solo como una cuestión técnica, sino como un asunto de justicia social y democracia digital.