En Buenos Aires ya van varios días de protestas, de personas en condiciones de discapacidad, familiares y profesionales de la salud y el cuidado; para exigir recursos para financiar la denominada «Emergencia por Discapacidad».
En Buenos Aires, organizaciones de personas con discapacidad y colectivos de familiares convocaron múltiples manifestaciones tras la sanción de la llamada “Emergencia por Discapacidad” (Ley de Discapacidad) cuya ejecución fue suspendida por decreto ejecutivo. La ley declaraba la emergencia nacional y planteaba un aumento de la pensión no contributiva y una mejora de los servicios de atención.
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Sin embargo, el gobierno de Milei optó por veto o suspensión de la aplicación de esa ley, argumentando que aún no se habían definido las fuentes de financiamiento en el presupuesto nacional. , Esto generó enojo entre los manifestantes que consideran que el Ejecutivo está priorizando la disciplina fiscal por encima de la garantía de derechos.
Las protestas se intensificaron frente al Congreso y en plazas públicas. Familias se instalaron en vigilias con velas, especialmente en la Plaza de Mayo, exigiendo que la Cámara de Diputados rechace el veto presidencial y permita la plena implementación de la ley.
En la Cámara de Diputados se dio un momento clave: los diputados rechazaron el veto del presidente a la ley de discapacidad, con una votación de 172 a 73. Esto intensificó la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, y avivó el clima de movilización social en la capital argentina.
Ante las protestas y el rechazo legislativo, el presidente Milei respondió públicamente afirmando que su prioridad es lograr un “déficit cero” y que no negociará la disciplina fiscal con la expansión de programas sociales. En este sentido, justificó la suspensión de la ley como una medida técnica, no política, y aseguró que más adelante se verá la forma de financiarla.
Organizadores de las protestas replicaron que esa respuesta no es aceptable: sostienen que el derecho de las personas con discapacidad a vivir dignamente está por encima de los ajustes presupuestarios y que el Ejecutivo dilata la ley mientras miles de beneficiarios esperan mejoras concretas.
El clima se volvió especialmente tenso porque esta cuestión se enlaza con el escándalo que salpica al entorno presidencial: filtraciones de audios habrían revelado un esquema de sobornos relacionado con contratos del Estado con la empresa Suizo Argentina, destinados a personas con discapacidad, en el que figura la hermana del presidente, Karina Milei.
En los audios, el exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, vincula a Karina Milei con comisiones del 3 %-4 % sobre contratos estatales. Este vínculo ha añadido combustible a las protestas, pues la indignación se mezcla: mientras se reclama implementación de derechos, se denuncia corrupción en los mecanismos que debían garantizar dichos derechos.
La relación del escándalo con las protestas es directa: los manifestantes incluyen entre sus gritos denuncias de clientelismo y corrupción en la atención de discapacidad, asociando los incumplimientos de la ley con la supuesta trama de comisiones. Una canción viral —“Alta coimera” (“alto coima”)— se ha convertido en himno de las movilizaciones y está dirigida a Karina Milei.
En su reacción, el gobierno de Milei ha defendido a Karina Milei y descalificado las filtraciones como maniobra política de la oposición. Mientras tanto, el presidente intenta separar la crisis de imagen del escándalo de la política social de discapacidad, asegurando que su voluntad de implementación persiste.
Desde el poder legislativo y la oposición se interpreta que este episodio pone a prueba la credibilidad del gobierno en materia social. Si la ley no se ejecuta y el escándalo se agrava, la coalición gobernante podría enfrentar desgaste electoral, especialmente en provincias con fuertes movilizaciones.
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Las protestas en Buenos Aires por el no pago o retraso en la ley de discapacidad representan mucho más que un reclamo por beneficios económicos. Son una expresión de exigencia de derechos, mezclada con la indignación por posibles actos de corrupción en el gobierno de Milei. El vínculo entre el incumplimiento de políticas sociales y el escándalo de Karina Milei configura un momento crítico para la estabilidad política y social de su administración.