miércoles, 10 de diciembre de 2025

Arrancó la negociación del salario mínimo de 2026 con propuestas opuestas de sindicatos y empresarios y una brecha cercana a nueve puntos

Las centrales obreras destaparon su carta y pidieron subir 16 % el salario mínimo 2026, mientras empresarios se fueron por un alza del 7,21 %.

La negociación del salario mínimo para 2026 entró de lleno en su fase decisiva este martes 9 de diciembre, luego de que las centrales obreras y los gremios empresariales presentaran oficialmente sus propuestas en la mesa de concertación laboral y salarial, dejando en evidencia una amplia distancia entre ambas posiciones.

Los sindicatos fueron los primeros en poner una cifra sobre la mesa y plantearon un incremento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte. Con esta propuesta, las centrales obreras buscaron marcar el ritmo de una discusión históricamente compleja y fijar un punto de partida alto para la negociación.

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Horas después, hacia las 2:00 de la tarde, los gremios económicos presentaron su contrapropuesta: un aumento del 7,21 %, equivalente a 102.634 pesos, también aplicable tanto al salario como al auxilio de transporte. De esta manera, empresarios y trabajadores destaparon formalmente sus cartas y establecieron una brecha de 8,79 puntos porcentuales entre ambas propuestas.

Según el planteamiento empresarial, el ajuste del 7,21 % llevaría el salario mínimo mensual a 1.526.134 pesos y el auxilio de transporte a 214.420 pesos, para un ingreso total de 1.740.554 pesos. Los gremios, representados por la Andi, la SAC, Confecámaras y Acopi, señalaron que esta cifra busca un equilibrio entre la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas, en un contexto de desaceleración económica e incertidumbre fiscal.

En una carta conjunta, los principales representantes del empresariado advirtieron que un aumento que se aparte de criterios técnicos podría dificultar la reducción de las tasas de interés, con impactos directos sobre millones de colombianos endeudados a través de créditos de consumo, vivienda, libranzas, microcréditos y tarjetas de crédito. La misiva está firmada por Bruce Mac Master, presidente de la Andi; Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC; Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, y María Elena Ospina, presidenta de Acopi.

Los gremios explicaron que su propuesta surge de la suma de la inflación observada (5,3 %), la productividad total de los factores (0,91 %) y 100 puntos básicos adicionales como ganancia real para los trabajadores.

En contraste, de aprobarse el planteamiento sindical, el salario mínimo tendría un incremento de 227.760 pesos frente al valor actual. Al sumar el auxilio de transporte, el ajuste total sería de 259.760 pesos, lo que elevaría el ingreso mensual a 1.883.260 pesos para quienes devengan el mínimo y reciben este beneficio.

Uno de los ejes centrales de la discusión es el concepto de salario mínimo vital y móvil, promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, indicó que la propuesta de las centrales obreras está “muy de la mano” del más reciente informe de ese organismo y recordó que este principio, incorporado en la Constitución, busca garantizar ingresos suficientes para cubrir las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, sin pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación y al costo de vida.

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Sanguino informó que, tras seis horas y media de deliberaciones, la Comisión de Concertación escuchó formalmente las propuestas de ambas partes, sustentadas en variables macroeconómicas como inflación causada, inflación esperada, productividad y el impacto del costo de vida en rubros sensibles como educación, salud, vivienda, servicios públicos y agua potable.

El ministro confirmó que a partir de estas dos cifras continuará la discusión en una nueva sesión convocada para el próximo jueves desde las 8:00 de la mañana. En este espacio y en los encuentros posteriores, el Gobierno evaluará escenarios intermedios con el objetivo de acercar posiciones y alcanzar un consenso tripartito, tal como lo establece la OIT, para definir el salario mínimo que regirá desde el 1 de enero de 2026.

Consultado sobre la amplia diferencia entre las propuestas, Sanguino afirmó que el Gobierno no la ve necesariamente como un obstáculo. Por el contrario, consideró que este margen abre un escenario amplio para la negociación y la construcción de acuerdos que beneficien a los cerca de 12 millones de personas que devengan hasta un salario mínimo en el país.

Frente a la eventualidad de que el ajuste deba definirse por decreto, el ministro evitó anticipar ese escenario y reiteró que el proceso tiene plazo hasta el 15 de diciembre, a las 11:59 de la noche, para entregarle al país una decisión definitiva.

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