En una decisión que ha sido criticada dentro y fuera del país centroamericano, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la reelección definitiva.
sábado, 2 de agosto de 2025
En una decisión que ha sido criticada dentro y fuera del país centroamericano, la Asamblea Legislativa salvadoreña aprobó la reelección definitiva.
El 31 de julio de 2025, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, aprobó una reforma constitucional exprés que elimina los límites a la reelección presidencial, permitiendo a Nayib Bukele postularse indefinidamente. La votación fue masiva: 57 escaños a favor y solo 3 en contra, sin debate previo.
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La reforma modifica varios artículos clave (75, 80, 133, 152 y 154), extiende el periodo presidencial de cinco a seis años, y elimina la segunda vuelta electoral. Además, adelanta el final del mandato actual a junio de 2027 para sincronizar elecciones presidenciales, legislativas y locales.
El proceso de aprobación fue sumamente expedito: se votó y ratificó en menos de dos horas, validando el cambio constitucional en una sola legislatura, lo cual implicaría que la reforma entre en vigor ocho días después de su publicación oficial.
Esta enmienda asegura que Bukele, reelegido en 2024 tras una controversia sobre su habilitación, pueda mantenerse en el poder sin límites. En 2021, una Sala constitucional alineada con el oficialismo ya había declarado la reelección como un derecho, aunque la Constitución anterior lo prohibía expresamente.
Críticos como Human Rights Watch y Cristosal han advertido que esta reforma representa un retroceso democrático y abre camino a mecanismos autoritarios similares a los de Venezuela o Nicaragua. HRW alertó que Bukele usa su popularidad para concentrar poder institucional y reducir contrapesos.
La diputada opositora Marcela Villatoro (ARENA) calificó el proceso como “matar la democracia disfrazada de legalidad” y denunció que los legisladores han matado la Constitución con una votación sin deliberación ni participación ciudadana.
La vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, afirmó por su parte que el poder retorna al “verdadero dueño: el pueblo”, presentando la reforma como un acto legítimo aunque acelerado y sin consultas previas.
El contexto de esta decisión incluye denuncias recientes de represión política: defensores de derechos humanos exiliados, jueces y periodistas detenidos, y un régimen de excepción vigente desde 2022 que ya había restringido libertades fundamentales.
Expertos advierten que esta reforma configura la acumulación de poder en el Ejecutivo y podría consolidar un sistema constitucional autoritario. El Gobernante controla todos los poderes: legislativo, judicial y electoral, lo cual debilita la separación institucional.
La extensión del mandato a seis años y eliminación de segundo turno conlleva riesgos adicionales: el país podría prescindir de escenarios políticos competitivos y aislar temporalmente al oficialismo del escrutinio social y electoral.
En comparación histórica, El Salvador recupera prácticas autoritarias rechazadas por casi dos siglos, pues el constitucionalismo salvadoreño de 1841 en adelante había prohibido la reelección presidencial como garantía democrática, salvo en regímenes tiránicos del pasado.
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El triunfo legislativo legitima la permanencia indefinida de Bukele en el poder, pero genera alarma por posibles violaciones a la alternancia democrática, apertura hacia modelos autoritarios y debilitamiento del pluralismo político. Organismos internacionales están atentos y amplían su monitoreo a la evolución institucional del país.