El alcalde de Uruapan, México; Carlos Alberto Manzo, fue asesinado la noche del 1 de noviembre durante un evento público del Día de Muertos en Michoacán. El crimen, atribuido a grupos del narcotráfico conmocionó al país.
El alcalde de Uruapan (estado de Michoacán) Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025, durante la inauguración del Festival de las Velas en la plaza principal del municipio. El ataque ocurrió ante decenas de personas, resultando él muerto y al menos otro funcionario herido.
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Manzo, quien había asumido la alcaldía el 1 de septiembre de 2024 luego de ganar como candidato independiente con amplio respaldo, había denunciado previamente amenazas de grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y exigido apoyo federal para contener la violencia en Michoacán.
A pesar de contar con protección asignada desde diciembre de 2024 y un reforzamiento en mayo de 2025, según el secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch, los agresores aprovecharon un evento público para perpetrar el homicidio.
El hecho ha tenido un fuerte impacto político: ciudades como Uruapan y la capital estatal, Morelia, registraron protestas masivas y marchas donde se exigía “justicia” y se acusaba al partido gobernante de permitir la impunidad ante el crimen organizado.
El contexto en Michoacán es especialmente grave: el estado se ubica entre los más violentos de México debido al enfrentamiento de cárteles, extorsión, robo de combustible y control territorial. La muerte de Manzo se suma a otros asesinatos recientes de autoridades y líderes sociales en la región.
Ante la tragedia, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó el homicidio, convocó al Gabinete de Seguridad de inmediato y prometió que el crimen “no quedará impune”. Aseguró que desde su administración se reforzará la estrategia de seguridad para combatir la violencia y la impunidad.
Sin embargo, la política de seguridad de Sheinbaum arrastra retos: proviene de la Ciudad de México, donde se aplicó un enfoque con menor militarización; pero en el país federal, la violencia estructural y la presencia de cárteles requieren un esfuerzo coordinado entre gobiernos estatales, federales y municipales, algo que siguen criticando los analistas.
El asesinato de Manzo revive preocupaciones sobre aliados institucionales y locales vulnerables frente al crimen organizado. Investigaciones académicas muestran que los homicidios de alcaldes son un instrumento de los cárteles para influir en gobiernos locales y capturar el poder municipal.
En reacción a este tipo de violencia, el gobierno federal ha impulsado la Estrategia de Seguridad Nacional con énfasis en la Guardia Nacional, intercepción de financiamiento del crimen y protección de personas vulnerables, aunque críticos señalan que aún no se traduce en mejoras visibles en los municipios más afectados.
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El asesinato del alcalde Carlos Manzo en Uruapan pone de relieve la gravedad del desafío de seguridad en México, especialmente para funcionarios locales que se enfrentan al crimen organizado sin suficiente respaldo. La respuesta del gobierno de Sheinbaum será un termómetro clave para medir si la política de seguridad cambia hacia una ofensiva real o continúa siendo simbólica en los hechos.