Así es la red de corrupción del “Clan del Golfo” en la Fuerza Pública

El llamado Ejército Gaitanista de Colombia, o “Clan del Golfo”, como coloquialmente se le conoce, es uno de los grupos armados con presencia en varias zonas del país, siendo Bolívar y Antioquia sus centros de operaciones y desde donde coordinan cada uno de los pasos a seguir dentro de su accionar delincuencial y militar.

Con la captura de un suboficial de la SIPOL y un coronel (r) del ejército se revivieron nuevamente las filtraciones de los grupos ilegales en la Fuerza Pública, un tema que durante años se ha tratado de ocultar, desviar o tapar para no afectar el “buen nombre” de las instituciones militares del país.

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Ahora lo que se sabe de la filtración por parte del llamado “Clan del Golfo” dentro de la Fuerza Pública es que se realizaban pagos que iban desde los dos millones de pesos mensuales hasta los $ 50 millones, dependiendo del cargo. Tenían en su nómina a varios uniformados que se encargaban de reclutar a sus compañeros y un esquema de filtración de documentos reservados que le permitían a esta organización moverse dentro de las instituciones militares.

Todo esto volvió a encender las alarmas y con el destape de dos ollas podridas que salpican a miembros de la Policía y el Ejército relacionadas con las actividades criminales de esta organización, los focos están en las operaciones contra esta red criminal en el departamento de Bolívar.

Uno de los involucrados en todo este entramado es el intendente Harvey Arellano Cerda, quien fungía como Jefe de Operaciones de la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) en Bolívar. A Arellano, la Fiscalía le imputó el delito de violación de datos personales agravado, el cual aceptó.

Según el reporte del caso, Arellano “aprovechaba su cargo y entraba sin autorización a los sistemas de la entidad para extraer detalles de operaciones y movimientos de la Fuerza Pública, para alertar al frente Uldar Cardona Rueda sobre las acciones en su contra; de esa manera, los cabecillas evadían los operativos”.

El otro capturado es el coronel (r) José Castro Cadavid, quien hasta 2002 fue comandante del Batallón de Artillería Mecanizada Antonio Nariño del Ejército, con sede en el municipio de Mompox, Bolívar.

Mientras Castro Cadavid estuvo en las Fuerzas Militares forjó amistad con el frente Arístides Mesa Páez del “Clan del Golfo”, hasta el punto de convertirse en uno de los presuntos cabecillas, quien según la Fiscalía, participó en extorsiones, asesinatos, narcotráfico y otros delitos. Pero el hecho que lo llevó a prisión fue el asesinato del líder sociales Narciso Beleño.

Beleño era el presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (Agromisbol) y realizó denuncias sobre nexos entre militares y el “Clan del Golfo”. “En respuesta, el coronel (r) dispuso que hombres armados lo interceptaran en la puerta de su residencia y le dispararan,” el 21 de abril de 2024 en Santa Rosa, Bolívar, expuso el fiscal en la audiencia, en la cual Castro se declaró inocente.

“Son muchísimos casos conocidos desde que apareció el “Clan del Golfo” (2007), sobre todo en la Policía, Ejército y Armada. Los indicios más graves los hemos encontrado cuando les incautamos computadores y memorias USB, porque todos los frentes del Clan llevan registros contables de los pagos de nómina”, señaló una fuente consultada.

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Aunque la organización tiene cabecillas encargados de administrar los contactos en la Fuerza Pública, el reclutamiento está a cargo de uniformados activos o retirados, que aprovechan la camaradería para hacer la oferta.

Uno de los exmilitares involucrados en los reclutamientos era el mayor (r) Juan Rodríguez Agudelo, alias ‘Zeus’, cabecilla del “Clan del Golfo” en el Magdalena Medio, quien murió en un tiroteo con la Policía el pasado 28 de septiembre en San Francisco, Antioquia. Él lideraba una red de tráfico de armas dentro del Ejército para abastecer al grupo, en la que participaban decenas de militares.

Son ya 17 años de existencia del “Clan del Golfo”, que no hubieran sido posibles sin el respaldo de una enorme red de corrupción, para respaldar una estructura de 6.016 integrantes repartidos en 28 frentes y cinco bloques por todo el país.