Verano advirtió que este fenómeno no solo profundiza la crisis de seguridad en el Atlántico, sino que compromete gravemente el tejido social.
jueves, 17 de julio de 2025
Verano advirtió que este fenómeno no solo profundiza la crisis de seguridad en el Atlántico, sino que compromete gravemente el tejido social.
El departamento del Atlántico enfrenta una preocupante escalada en el reclutamiento de menores de edad por parte de organizaciones criminales. Según informó el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, al menos 2.000 adolescentes estarían actualmente vinculados a estructuras como «Los Costeños» y «Los Pepes«, responsables de la mayoría de homicidios y extorsiones en la región.
“Las organizaciones de microtráfico están utilizando a jóvenes de 14, 15 y 16 años como vehículos para la venta de drogas. Son más obedientes y útiles para sus propósitos”, declaró el mandatario al portal Zonacero.com.
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Verano advirtió que este fenómeno no solo profundiza la crisis de seguridad en el departamento, sino que compromete gravemente el tejido social, desviando a cientos de adolescentes de sus proyectos de vida hacia dinámicas criminales.
El gobernador también reveló que los jefes de ambas estructuras —Digno Palomino (Los Pepes) y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor (Los Costeños)— han manifestado su interés en entablar un diálogo bajo el marco de la Ley de Paz Total, impulsada por el Gobierno Nacional.
“Estas dos personas concentran cerca del 88 % de los casos de extorsión y homicidios por sicariato en Atlántico. Muchas muertes son producto de vendettas internas por el control del microtráfico, mientras que la extorsión es un fenómeno más amplio que afecta directamente a comerciantes, el empleo y la estabilidad regional”, afirmó.
Aunque aún no se ha definido la metodología de esa posible mesa de negociación, Verano subrayó que cualquier proceso debe estar articulado con el Gobierno Nacional, el Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Defensa. También advirtió que algunas demandas de los grupos podrían requerir competencias de orden nacional.
Paralelamente al posible proceso de sometimiento, las autoridades trabajan en un diagnóstico de las estructuras ilegales y su base social, conformada en su mayoría por jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.
El estudio es liderado por el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia, y busca servir como base para una respuesta institucional integral que contemple oportunidades educativas, empleo digno y acceso a vivienda.
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“Debemos ofrecer una alternativa real a quienes ingresaron al crimen por falta de oportunidades. La paz no se gana solo con represión, sino con políticas sociales que corten el ciclo del delito”, afirmó Verano, recordando que municipios como Usiacurí registraban más de una década sin homicidios hasta hace pocos años.
En marzo y abril, tanto la Gobernación del Atlántico como la Alcaldía de Barranquilla enviaron comunicaciones formales al Alto Comisionado para la Paz, notificando la disposición de «Los Costeños» y «Los Pepes» para someterse a un proceso de diálogo con las autoridades.
Mientras avanzan las gestiones, las autoridades locales insisten en que el éxito de cualquier estrategia dependerá de un equilibrio entre acciones contundentes contra el crimen organizado y una política social efectiva que impida la reincidencia, especialmente entre los jóvenes.