martes, 5 de agosto de 2025

Autoridades de Bogotá detectan más de 60 menores en bares y discotecas durante operativos de control

Los operativos, liderados por la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana de Bogotá y las alcaldías locales, hacen parte de la estrategia Ciudadanías Seguras.

Las autoridades de Bogotá han intensificado los operativos de control en establecimientos nocturnos, tras detectar la presencia de más de 60 menores de edad en bares, discotecas y billares durante los fines de semana. En varios casos, los adolescentes fueron hallados bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, lo que encendió las alertas sobre la permisividad en estos entornos y las fallas en los controles familiares y comerciales.

Los operativos, liderados por la Secretaría de Seguridad, la Policía Metropolitana y las alcaldías locales, hacen parte de la estrategia Ciudadanías Seguras, dentro del Plan Integral de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Justicia. Las inspecciones han evidenciado que muchos menores ingresan sin presentar documentos, con identificaciones alteradas o acompañados de adultos que los encubren, una conducta que también será sancionada.

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En cada caso, cuando se identifica a un menor en estos espacios, se activa de inmediato el protocolo de restablecimiento de derechos. Inicialmente interviene la Policía de Infancia y Adolescencia, y posteriormente el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que evalúa la situación a través de un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, trabajadores sociales y defensores de familia.

Si es la primera vez, los padres deben acudir al ICBF para firmar un acta de compromiso en la que se obligan a ejercer mayor supervisión sobre sus hijos. No obstante, si se presentan reincidencias o indicios de negligencia grave, se puede iniciar una investigación que podría derivar en el traslado del menor a un hogar de paso.

“El hogar es el primer círculo de protección. Los padres deben saber dónde están sus hijos y qué están haciendo”, advirtió el secretario de Seguridad, César Restrepo, quien recalcó la gravedad del fenómeno y el rol fundamental de las familias.

Además de la responsabilidad parental, los establecimientos que permitan el ingreso de menores o expendan bebidas alcohólicas a estos también enfrentan sanciones. Según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, artículo 38, las infracciones pueden acarrear una multa tipo 4 —equivalente a $759.200 pesos en 2025—, así como la suspensión temporal o definitiva de la actividad comercial.

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El ICBF ha informado que, en casos de reincidencia, también se aplican visitas domiciliarias y seguimiento psicosocial, e incluso remisiones a programas de prevención del consumo de sustancias.

Las autoridades insisten en que la protección de niños, niñas y adolescentes debe ser una tarea compartida entre el Estado, las familias y los establecimientos comerciales. Por ahora, los operativos reflejan una preocupante cadena de omisiones: padres ausentes, negocios sin controles y menores cada vez más expuestos a entornos de alto riesgo.

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