De acuerdo con las autoridades, las conexiones fraudulentas de agua, energía y gas en Puente Aranda, estaban activas desde hace tiempo.
lunes, 21 de julio de 2025
De acuerdo con las autoridades, las conexiones fraudulentas de agua, energía y gas en Puente Aranda, estaban activas desde hace tiempo.
Una operación conjunta entre Vanti, Enel, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), la Alcaldía Local de Puente Aranda y la Policía Nacional permitió identificar conexiones ilegales de servicios públicos en una tintorería ubicada en esta localidad de la capital.
De acuerdo con las autoridades, las conexiones fraudulentas de agua, energía y gas estaban activas desde hace tiempo, y los operativos de excavación para desmantelarlas se llevaron a cabo en horas de la noche para evitar alertar a los propietarios del establecimiento.
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Según la EAAB, la tintorería se apropió de 3.910 metros cúbicos de agua, equivalentes a más de 44 millones de pesos. Esta cantidad sería suficiente para abastecer a cerca de 460 familias de estrato 3 durante un mes. En cuanto al gas natural, Vanti estimó que el consumo ilegal registrado en el lugar podría haber cubierto las necesidades de más de 200 hogares.
Enel, por su parte, reportó que la tintorería robaba más del 80 % de la carga eléctrica autorizada, lo que no solo representaba un perjuicio económico, sino también un riesgo de electrocución para la comunidad vecina. El volumen de energía hurtada habría alcanzado para abastecer a aproximadamente 550 viviendas por un mes.
“El operativo confirmó el uso de conexiones clandestinas y la alteración deliberada de los sistemas de medición, mediante accesorios ilegales instalados en acometidas distantes del inmueble intervenido”, informaron las autoridades mediante un comunicado conjunto.
Este tipo de conductas están tipificadas como “defraudación de fluidos” y pueden acarrear sanciones penales de hasta nueve años de prisión, multas superiores a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la cancelación del registro mercantil del establecimiento.
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El caso fue detectado gracias a la estrategia Unidos por la Legalidad de los Servicios Públicos, una alianza entre Vanti, Enel y la EAAB que busca compartir información entre entidades y fortalecer la detección de fraudes en los sistemas de servicios públicos.