Desde el Banco de la República, solicitaron un aplazamiento de 3 meses para el comienzo de la Reforma Pensional, debido a la falta de definición de las reglas del fondo de ahorro que sustentaría la reforma.
Desde el Banco de la República, solicitaron un aplazamiento de 3 meses para el comienzo de la Reforma Pensional, debido a la falta de definición de las reglas del fondo de ahorro que sustentaría la reforma.
La reforma pensional del gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta un nuevo tropiezo, esta vez proveniente del Banco de la República, la entidad encargada de la política monetaria del país. En una carta dirigida a la Corte Constitucional, el gerente general del banco, Leonardo Villar, solicitó aplazar por tres meses la entrada en vigencia de la reforma, argumentando razones técnicas.
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Villar sostuvo que aún no están listas las reglas para el funcionamiento del fondo de ahorro contemplado en la reforma pensional. Dicho fondo sería una pieza clave dentro del nuevo esquema, ya que busca garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema, mediante la acumulación de recursos cuando haya excedentes, y su uso en momentos de déficit.
La solicitud fue remitida directamente a la Corte Constitucional debido a que es este tribunal el que deberá realizar el control automático de constitucionalidad sobre la ley aprobada por el Congreso. Por tanto, el banco busca que en el fallo se incluya una disposición que permita postergar el inicio de la implementación hasta que el marco operativo esté debidamente estructurado.
Desde el punto de vista técnico, la advertencia de Villar no es menor. El Banco de la República sería una de las entidades involucradas en la administración del fondo, por lo que su preparación institucional es esencial. El temor es que una implementación apresurada genere errores de manejo, falta de confianza o incluso riesgos fiscales para el Estado.
No obstante, la reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de su cuenta de X (antes Twitter), expresó que esta solicitud representa una maniobra más para obstaculizar la transformación del sistema pensional. En sus palabras, algunos sectores se resisten a que Colombia avance hacia un modelo más solidario y universal.
Desde el Pacto Histórico, coalición de gobierno, también surgieron críticas al gerente del Banco de la República. Varios congresistas aseguraron que el emisor no actúa con neutralidad técnica, sino con una agenda política encubierta, alineada con intereses que se oponen a las reformas sociales del actual gobierno.
En particular, los parlamentarios cuestionaron que, mientras el banco pide demorar una reforma pensional por supuestas razones técnicas, se ha negado reiteradamente a bajar las tasas de interés, a pesar de que la inflación ha venido cediendo durante los últimos meses. Esto, afirman, ha perjudicado el crecimiento económico y el empleo.
En contraposición, expertos en finanzas públicas y seguridad social han señalado que la solicitud del Banco de la República es razonable, siempre que se trate de una prórroga estrictamente técnica, y no un intento deliberado de frenar el avance de la ley. Algunos incluso advierten que la creación de un fondo sin reglas claras podría exponer al Estado a demandas o riesgos financieros.
Por su parte, sectores de oposición consideran que la carta de Villar refleja una preocupación legítima sobre la improvisación en la implementación de reformas estructurales. Según ellos, el gobierno ha demostrado un afán político por cumplir metas sin tener toda la arquitectura institucional lista.
La Corte Constitucional ahora tiene la responsabilidad de revisar el contenido de la reforma, y podría acoger la petición de aplazamiento si encuentra justificado que el andamiaje técnico requerido aún no está completamente definido. De hacerlo, podría dar una señal de cautela institucional sin desautorizar el contenido de la reforma.
Este episodio se suma a una serie de tensiones entre el gobierno Petro y el Banco de la República, que han chocado en temas como tasas de interés, control de la inflación, e incluso el papel del banco en el modelo de desarrollo nacional. Aunque el emisor goza de autonomía constitucional, el debate sobre si su papel es demasiado conservador se ha reavivado.
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En definitiva, la implementación de la reforma pensional —una de las banderas del gobierno Petro— no solo depende de su aprobación legal, sino de un complejo entramado técnico, institucional y político. La controversia abierta por la carta del Banco de la República refleja que, en Colombia, ninguna gran transformación está libre de resistencias ni de desafíos operativos.