El Distrito anunció que continuará promoviendo espacios de diálogo con los habitantes de Salitre Occidental en los próximos días.
martes, 8 de julio de 2025
El Distrito anunció que continuará promoviendo espacios de diálogo con los habitantes de Salitre Occidental en los próximos días.
Habitantes del barrio Salitre Occidental, en la localidad de Fontibón, protagonizaron bloqueos en la noche del lunes 7 de julio en vías principales del sector, incluyendo los accesos a la Terminal de Transporte de Salitre, en protesta por la decisión del Distrito de trasladar temporalmente a más de 1.000 indígenas Emberá a la sede del Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC), ubicada en esa zona.
La reubicación fue ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que instruyó a la Alcaldía Mayor de Bogotá a desalojar a esta población de la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, debido a condiciones de hacinamiento e insalubridad que ponen en riesgo la salud y dignidad de los indígenas.
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Tras evaluar más de 70 predios en un proceso técnico que se extendió por varios meses, el Distrito determinó que la sede del IDPAC cumple con condiciones para ofrecer atención integral, especialmente a niños, niñas y adolescentes de la comunidad Emberá. Sin embargo, la decisión ha generado rechazo entre residentes del sector, quienes aseguran que no fueron consultados y expresan preocupación por el impacto en la seguridad, el entorno y la infraestructura local.
El concejal Daniel Briceño fue uno de los primeros en manifestarse públicamente. A través de su cuenta en X, afirmó que más de 5.000 vecinos de Ciudad Salitre respaldan una solicitud formal enviada a la Secretaría de Gobierno para que se descarte el predio del IDPAC como opción. “El predio del IDPAC no cumple condiciones técnicas”, escribió el concejal, quien además cuestionó que el Distrito repita errores cometidos en La Rioja.
Briceño también criticó la falta de concertación con la comunidad y la limitada gestión ante la Unidad para las Víctimas, a la que señaló como la entidad nacional responsable de dar una solución definitiva.
Ante las críticas, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, defendió la medida y subrayó las limitaciones para encontrar una alternativa que satisfaga a todos los sectores. También reiteró el llamado al Gobierno Nacional para facilitar el retorno o reubicación definitiva de esta población con garantías de dignidad.
“Estamos abriendo espacios de diálogo con los actores implicados en la zona”, dijo Quintero, quien también aseguró que la administración distrital está dispuesta a atender las preocupaciones de los residentes y construir acuerdos para una sana convivencia.
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En un comunicado posterior, el funcionario explicó que la medida está sustentada en un fallo emitido en mayo por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que dio un plazo de tres meses para realizar el traslado de la comunidad Emberá desde la UPI La Rioja. Este proceso se desarrolló en paralelo a una evaluación interna que incluyó visitas técnicas a 21 predios por parte de un equipo interinstitucional del Distrito, en coordinación con la Personería, representantes de la ONIC y delegados de la comunidad indígena.
“El deber como ciudad es garantizar condiciones dignas a las víctimas del desplazamiento forzado”, concluyó Quintero, al tiempo que reafirmó que se tomarán medidas para proteger tanto a la población Emberá como a los trabajadores y servicios actualmente operativos en el IDPAC.
El Distrito anunció que continuará promoviendo espacios de diálogo con los habitantes de Salitre Occidental en los próximos días.