La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley que busca la reactivación empresarial, reorganización y capitalización de las Salinas Marítimas de Manaure (Sama), en La Guajira.
La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto de ley que busca la reactivación empresarial, reorganización y capitalización de las Salinas Marítimas de Manaure (Sama), en La Guajira.
Esta iniciativa busca contribuir con la industrialización y con el impulso socioeconómico de La Guajira. También se propone salvaguardar el patrimonio de las comunidades del municipio de Manaure, preservar los empleos existentes y generar nuevos puestos de trabajo en el departamento de la mano de las salinas.
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La iniciativa plantea un proceso que contempla:
—Salvamento y normalización de pasivos: Sama podrá acogerse al régimen de insolvencia empresarial de la Ley 1116 de 2006, lo que permite preservar la empresa, evitar la caducidad de contratos por incumplimientos y remitir los procesos judiciales al juez del concurso.
Este proceso busca normalizar sus pasivos mediante acuerdos con acreedores (quitas y esperas) y enfocar su actividad en la reactivación de las Salinas de Manaure.
—Capitalización: la recuperación de Sama incluye la capitalización de acreencias mediante acciones, bonos de riesgo u otros mecanismos de subordinación de deuda, así como aportes directos de la Nación –en dinero o especie–, representada por el Ministerio.
—Reactivación productiva y fortalecimiento institucional: se contempla la entrega de maquinaria y equipos por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), como aportes de capital para reactivar su actividad económica.
Todo esto en el marco de un plan integral para conservar a Sama como sociedad de economía mixta, fomentar su rol en la reindustrialización, generación de empleo y protección del patrimonio público en La Guajira.
El proyecto desarrolla el fortalecimiento patrimonial de las Salinas, con la habilitación general para que el Gobierno pueda capitalizar la empresa, a través de diferentes modalidades como aporte en dinero o en especie.
Esto constituye una innovación en el país, dado que hasta el momento solo se contaba con un régimen que permitía este tipo de actuaciones entre los niveles central y descentralizado, pero del mismo orden territorial.
El proyecto detalla que la capitalización debe ser aprobada por el órgano máximo de administración de la sociedad.
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El Gobierno aclaró que no adelanta este proceso bajo la Ley 550 de 1999, debido a que, aunque esta norma plantea la reestructuración de las empresas para atender sus obligaciones de pago, dificulta la reorganización de la unidad productiva.