jueves, 4 de diciembre de 2025

Cámara de Representantes aprueba ley que prohíbe el mercenarismo colombiano en el exterior y crea nuevos delitos para frenar su expansión

La propuesta fue radicada en la Cámara de Representantes por el entonces canciller y hoy precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo.

La Cámara de Representantes aprobó este miércoles, (03-12-2025) con 92 votos a favor, el proyecto de ley impulsado por la Cancillería y el Ministerio de Defensa que prohíbe el reclutamiento, uso, financiamiento y entrenamiento de mercenarios colombianos en el exterior, además de establecer delitos específicos relacionados con este fenómeno. La iniciativa, presentada en agosto de 2024, queda así lista para sanción presidencial.

El proyecto tomó fuerza tras revelarse que más de 50 colombianos que viajaron como combatientes irregulares a la guerra entre Rusia y Ucrania han muerto desde 2022. También respondió al impacto internacional por el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en 2021, hecho atribuido a un grupo de 18 exmilitares colombianos contratados como mercenarios.

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En un comunicado, la Cancillería afirmó que la aprobación del proyecto reafirma “el rechazo categórico de Colombia al mercenarismo”, al cual calificó como una forma de explotación que se nutre de la vulnerabilidad económica y la desinformación. Según la entidad, esta práctica pone en riesgo la vida de quienes son reclutados mediante engaños y contribuye a prolongar conflictos ajenos, afectando la estabilidad internacional.

La propuesta fue radicada por el entonces canciller y hoy precandidato presidencial Luis Gilberto Murillo, quien advirtió que actualmente “no existe una prohibición explícita” que impida a redes internacionales contratar colombianos entrenados para integrarlos a ejércitos extranjeros.

La futura ley no solo prohíbe cualquier actividad relacionada con el mercenarismo, sino que también permitirá crear delitos específicos para sancionar estos actos y fortalecer la cooperación judicial entre Estados. El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que la medida es una prioridad para el Gobierno Petro, pues refuerza el compromiso con el Derecho Internacional, la legalidad y la solución pacífica de controversias.

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Según la Cancillería, con esta aprobación Colombia se suma a los países que buscan frenar la “guerra por encargo” y la comercialización de la violencia, en línea con un orden internacional basado en normas y en la protección de la vida.

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