jueves, 16 de octubre de 2025

Cámara de Representantes aprueba presupuesto 2026 en medio de controversia por recortes a la Defensoría y aumento a la Presidencia

La sesión en la Cámara de Representantes estuvo marcada por las tensiones alrededor de los recortes a la Defensoría del Pueblo.

La Cámara de Representantes aprobó en la noche del miércoles el proyecto de presupuesto general de la Nación para la vigencia de 2026, tras una extensa jornada de más de once horas de discusión y una votación final de 74 votos a favor y 24 en contra.

La sesión estuvo marcada por las tensiones alrededor de los recortes a la Defensoría del Pueblo y el incremento de recursos asignados a la Presidencia de la República, así como por los retrasos en la entrega del presupuesto regionalizado por parte del Ministerio de Hacienda, lo que obligó a suspender temporalmente el debate durante cinco horas.

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Según explicó la cartera de Hacienda, la demora se debió a la necesidad de ajustar el desglose de las cifras territoriales, requisito indispensable para que la plenaria continuara la discusión.

Recortes a la Defensoría del Pueblo y polémica por aumento al DAPRE

Uno de los temas más controversiales fue la reducción de recursos para el funcionamiento y la inversión de la Defensoría del Pueblo, que no logró ser revertida a través de proposiciones presentadas en la plenaria.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que, de aprobarse la versión actual, la entidad tendría en 2026 un 47,3% menos de presupuesto de inversión que en 2024 y un recorte del 30% respecto a 2025, lo que equivaldría a $151.222 millones menos de lo solicitado.

“Esto impactará severamente nuestra misionalidad y la presencia institucional en los territorios más afectados por la violencia”, señaló Marín, quien añadió que el ajuste presupuestal se produce en un momento crítico, cuando varios organismos internacionales están reduciendo su presencia humanitaria en Colombia.

Mientras tanto, varios congresistas expresaron preocupación por el incremento de más de 289.000 millones de pesos en el presupuesto del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), en pleno año electoral.

La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) cuestionó los cambios introducidos entre la primera y segunda ponencia: “Es un aumento atípico en campaña y bajo ley de garantías. ¿Para qué se destinará?”, señaló.

En la misma línea, el senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical) calificó la modificación como una maniobra con fines políticos: “Eso es para seguir haciendo politiquería con el presupuesto de los colombianos. Se financian eventos masivos que no generan ningún impacto real a las comunidades”, afirmó.

Motoa también advirtió reducciones en los ministerios de Agricultura y Vivienda, destacando que en el primer caso la disminución sería del 24% respecto a la actual vigencia, lo que, según dijo, afectará directamente a los campesinos.

Mayorías del Gobierno y ruptura del quórum en el Senado

A pesar de las tensiones, el Gobierno de Gustavo Petro logró consolidar las mayorías necesarias en la Cámara de Representantes, manteniendo el control político que ha caracterizado su gestión legislativa en los últimos tres años.

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Sin embargo, en el Senado el panorama fue distinto. La sesión paralela debió suspenderse tras la ruptura del quórum provocada por la oposición, que decidió levantarse del recinto en señal de protesta.

El senador Carlos Meisel, uno de los voceros del sector opositor, explicó que la estrategia busca impedir la aprobación definitiva del proyecto en la plenaria, lo que obligaría al Ejecutivo a acogerse a la versión ya aprobada por las comisiones económicas conjuntas.

Contexto político y tensiones institucionales

El debate presupuestal se desarrolla en medio de una relación tensa entre el Gobierno y la Defensoría del Pueblo. La semana pasada, ambas instituciones discreparon sobre las cifras de riesgo electoral en el país: mientras el Ejecutivo señaló que hay 104 municipios en alerta, el Ministerio Público advirtió que el número asciende a más de 600, según su mapa de riesgo.

El proyecto de presupuesto, que asciende a más de 512 billones de pesos, deberá continuar su trámite en el Senado, donde el ambiente político anticipa una votación más ajustada y la posibilidad de nuevas modificaciones antes de su aprobación final.

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