Dos candidatos al Congreso denunciaron secuestros y retenciones ilegales en Cesar y Cauca durante la campaña electoral 2026. Autoridades investigan posibles presiones políticas y presencia de grupos armados en los territorios.
La seguridad de los candidatos políticos volvió a encender las alertas en Colombia luego de que dos aspirantes al Congreso denunciaran haber sido víctimas de retenciones ilegales en hechos ocurridos en los departamentos de Cesar y Cauca, en medio del proceso electoral de 2026.
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon ambos casos, mientras organizaciones políticas y sociales reiteran el llamado a garantizar condiciones seguras para el ejercicio democrático en las regiones.
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En el municipio de Pelaya, Cesar, hacia las 11:10 de la noche, reapareció el candidato al Senado por el Partido Conservador, Andrés Fernando Vásquez Vargas, quien había sido reportado como desaparecido desde el miércoles 25 de febrero.
El aspirante aseguró que fue retenido en contra de su voluntad durante varias horas, luego de ser interceptado por un hombre que se movilizaba en motocicleta cuando salía de su residencia en horas de la madrugada con destino al municipio de Aguachica.
Según su testimonio preliminar, el sujeto lo habría obligado a subir al vehículo bajo amenazas con arma de fuego y posteriormente lo trasladó a una vivienda desconocida dentro del área urbana del municipio.
“Me dijo que no me iba a matar, pero que me subiera y no hiciera absolutamente nada”, relató el candidato tras recuperar la libertad.
Vásquez indicó que sus captores no se identificaron como integrantes de ningún grupo armado ilegal. No obstante, señaló que la retención podría estar relacionada con procesos jurídicos que adelanta contra las organizaciones Sayco y Acinpro, versión que ahora es materia de verificación por parte de las autoridades judiciales.
Tras su reaparición, el dirigente político fue trasladado a Aguachica para rendir declaración formal ante organismos de investigación y ampliar su denuncia.
En un hecho paralelo, la candidata a la Cámara por las curules especiales de paz, Ana Libia Guetio, denunció haber sido secuestrada el 26 de febrero de 2026 en el departamento del Cauca, permaneciendo retenida durante aproximadamente 17 horas.
De acuerdo con la aspirante, su liberación fue posible gracias a la intervención de comunidades locales y la guardia indígena, y no por acción directa de las instituciones del Estado.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) confirmó posteriormente que la candidata fue liberada y trasladada hacia el municipio de El Tambo, mientras que el vehículo en el que se movilizaba habría sido hurtado durante el hecho.
Guetio afirmó que su retención refleja los riesgos que enfrentan los liderazgos sociales y políticos en territorios con presencia de grupos armados ilegales.
“Cuando una mujer quiere participar en política, muchas veces somos las más afectadas por estas persecuciones”, manifestó en entrevista radial.
Aunque la candidata evitó señalar responsables directos por razones de seguridad, reconoció que en varias zonas del Cauca existe fuerte presencia de disidencias armadas que ejercen control territorial y limitan la actividad política.
Según su relato, algunos actores armados imponen restricciones a campañas electorales argumentando desconfianza hacia dirigentes políticos que solo visitan las comunidades durante periodos electorales.
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La dirigente también denunció barreras estructurales y discriminación de género dentro de la participación política, señalando dificultades para consolidar alianzas y fórmulas electorales durante su aspiración.
Los dos casos han generado preocupación sobre la seguridad electoral en Colombia, especialmente en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado y la presencia de economías ilegales.
Organismos de control y autoridades judiciales continúan recopilando información para determinar:
Expertos en seguridad advierten que estos hechos podrían impactar el normal desarrollo de la campaña electoral si no se refuerzan las medidas de protección a líderes políticos y sociales.
Las denuncias ocurren en un contexto de creciente alerta por amenazas contra candidatos, líderes sociales y aspirantes a curules de paz, figuras creadas tras el Acuerdo de Paz para garantizar representación política en territorios afectados por el conflicto.
Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier intimidación o hecho que ponga en riesgo la participación política, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer ambos episodios.