martes, 3 de marzo de 2026

Capturan a escolta del secretario de la Cámara con $ 145 millones y propaganda electoral en La Guajira

Fue capturado en La Guajira el escolta del secretario de la Cámara de Representantes tras ser sorprendido con $145 millones en efectivo y material de campaña del candidato conservador Daniel Restrepo. Fiscalía investiga posibles delitos electorales.

Las autoridades capturaron a Luis Alfredo Acuña Vega, escolta asignado al secretario de la Cámara de Representantes de Colombia, Jaime Luis Lacouture, tras ser sorprendido movilizándose por La Guajira con $ 145 millones en efectivo y propaganda electoral a favor del representante conservador Daniel Restrepo.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que la captura se produjo en un puesto de control en Hatonuevo, cuando el uniformado se desplazaba en una camioneta Toyota. En el vehículo fueron hallados siete sobres con dinero en efectivo y material proselitista en respaldo a Restrepo, quien actualmente ocupa una curul en la Cámara y aspira a llegar al Senado en las próximas elecciones.

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Investigación por posibles delitos contra el sufragio

De acuerdo con el acta de inspección conocida por medios nacionales, los sobres incautados estaban marcados con nombres propios, entre ellos Dévora Barros, ‘Beba’ Ramírez, Kevin Cantillo, Ghandy R., Rosa Pacheco, Edwin Solano y Cristian Bermúdez. Las autoridades de La Guajira confirmaron que ya cuentan con la identificación plena de al menos tres de las personas mencionadas.

Además del dinero, se encontraron tarjetones pedagógicos, material que, según investigadores consultados, suele utilizarse como mecanismo para inducir el voto y que podría constituir una práctica asociada a la compra de sufragios.

La Fiscalía avanza en la verificación del origen y destino de los recursos, así como en la eventual configuración de delitos electorales, entre ellos corrupción al sufragante.

Silencio del secretario y pronunciamiento del candidato

Hasta el momento, el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, no se ha pronunciado públicamente sobre la captura de su escolta. Lacouture, oriundo de La Guajira, ha sido vinculado políticamente a sectores conservadores.

Por su parte, el candidato al Senado Daniel Restrepo emitió un comunicado en el que rechazó cualquier señalamiento.

“Rechazamos de manera categórica cualquier insinuación que nos vincule con la compra de votos o cualquier práctica ilegal. Nuestra campaña se basa en la honestidad y el respeto por la democracia”, señaló el aspirante conservador, quien es respaldado políticamente por el senador Carlos Trujillo.

Reacción del presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro también se pronunció a través de su cuenta en X, donde reiteró la orden de capturar a quienes incurran en delitos electorales.

“La Policía Nacional tiene orden del Presidente de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”, escribió el mandatario.

Gobierno ofrece recompensas por denuncias de compra de votos

El caso se produce en medio de una estrategia del Gobierno Nacional para combatir prácticas como la trashumancia y la compra de votos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció recientemente recompensas de hasta $50 millones para quienes aporten pruebas que permitan judicializar estos delitos.

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Según explicó el funcionario el pasado 19 de febrero, la medida busca fortalecer la vigilancia electoral y generar incentivos para que la ciudadanía denuncie irregularidades.

Contexto electoral bajo lupa

La captura del escolta ocurre en un momento clave del calendario político, cuando diferentes sectores intensifican sus campañas al Senado y la Cámara. Las autoridades han advertido que reforzarán controles en regiones históricamente sensibles frente a delitos contra los mecanismos de participación democrática.

Mientras avanzan las investigaciones, el caso pone nuevamente en el centro del debate nacional la transparencia en los procesos electorales y el uso de recursos económicos en campañas políticas.

La Fiscalía deberá determinar si el dinero incautado tenía como destino la compra de votos o si corresponde a otra actividad, y si existen más personas vinculadas a la presunta irregularidad.

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