Nicaragua niega la extradición de Carlos Ramón González y le concede asilo político

El 19 de agosto de 2025, el Gobierno nicaragüense comunicó oficialmente que negaba la extradición del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, y le concedía asilo político mediante la Resolución Ministerial 001-2025, amparándose en su Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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Nicaragua justificó su decisión invocando que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo si enfrenta persecución política o delitos comunes conexos, y que no debe ser deportada a un país donde su vida o libertad estén en riesgo.

El Gobierno de Colombia expresó su desaprobación categórica, recordando que los instrumentos internacionales y el tratado bilateral de extradición de 1929 deben aplicarse. Sostuvo que el asilo no puede ser invocado por personas con cargos por delitos comunes graves.

Carlos Ramón González está acusado de ser el cerebro de un esquema de corrupción que infló contratos para carrotanques destinados a La Guajira. Con los sobrecostos, se habrían entregado sobornos —unos 4.000 millones de pesos— a congresistas como Iván Name y Andrés Calle para asegurar respaldo a las reformas del gobierno Petro.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó el 3 de julio de 2025 el ingreso en prisión de González por delitos como cohecho, peculado y posibles cargos por lavado de activos. La Fiscalía ha imputado formalmente estos delitos y el caso se considera el más grave contra un exfuncionario del Palacio de Nariño durante el gobierno de Petro.

Desde noviembre de 2024, González habría residido en Managua. Documentos indican que la Embajada de Colombia solicitó en mayo de 2025 la renovación de su residencia, lo que generó señalamientos de posible protección diplomática. Petro negó haber autorizado esa gestión.

El asilo político otorga a González protección legal en Nicaragua, lo que impide su regreso inmediato a Colombia para responder ante la justicia. Esto podría entorpecer la obtención de su testimonio, obstaculizar audiencias, y ralentizar el avance de la investigación en su contra.

La decisión nicaragüense podría tensar considerablemente las relaciones con Colombia, ya que representa un aparente rechazo al cumplimiento de compromisos de cooperación judicial y extradición. Podría abrir un periodo de tensión diplomática entre ambos gobiernos.

Nicaragua ya ha sido vista como refugio de figuras acusadas por corrupción o presuntas violaciones de derechos humanos (como expresidentes salvadoreños). El caso de González refuerza esa narrativa y puede generar críticas en la comunidad internacional sobre su política de asilos.

Este escándalo representa un golpe a la agenda reformista y anticorrupción del presidente Petro, ya que uno de sus hombres más cercanos está implicado. La defensa de González, que niega las acusaciones y califica el caso como “calumnias sin fundamento”, complica su imagen política.

Que se conceda asilo a González genera interrogantes sobre la legitimidad de su petición: Colombia argumenta que no se justifica dado que enfrenta cargos por delitos comunes —no políticos— y que el asilo no puede servir como escudo para evadir la justicia.

Colombia insiste en que el proceso sigue activo y que seguirá usando canales diplomáticos y legales para que González responda. En paralelo, podría impulsar sanciones, hacer gestiones ante organismos internacionales o solicitar la revisión del asilo si se comprueba que se concedió por motivos incompatibles con normas vigentes.

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Nicaragua ha decidido negar la extradición y otorgar asilo político a Carlos Ramón González, quien enfrenta graves cargos de corrupción relacionados con la UNGRD en Colombia. Este escenario podría limitar el avance judicial, tensionar las relaciones bilaterales y fortalecer la percepción de Managua como refugio político para figuras controvertidas.