La jueza del caso le dio la razón a la Fiscalía y determinó que el proceso contra el expresidente y exsenador cambió de sistema penal: ya no es un proceso en instrucción.
Lo que suceda en la investigación contra Álvaro Uribe Vélez por supuesto fraude procesal y soborno lo tendrá que definir, de nuevo la Corte Suprema de Justicia. La Sala Plena de este alto tribunal tiene ahora que dejar claro bajo cuál ley la Fiscalía debe continuar con el proceso, si bajo la Ley 906 o la Ley 600. Así lo determinó la jueza de control de garantías a quien le correspondió este espinoso caso, luego de que el expresidente renunciara a su curul en el senado.
Aunque para la abogada es claro que el expediente debe seguir el rumbo de la Ley 906, la jurista dejó claro que su superior jerárquico, es decir, la Corte Suprema, debe determinar si su decisión es correcta o si, por el contrario, el expediente debe continuar bajo la Ley 600, como lo venía haciendo el alto tribunal.
Según la jueza, para tomar esa decisión, tuvo en cuenta el criterio de favorabilidad: es decir, aplicar la ley más favorable para el procesado, que, a todas luces, es el sistema penal acusatorio por ser más público y garantista.