El hecho ocurrió en el Parque Nacional, donde la comunidad Emberá lleva casi un año asentada, y no sería la primera vez que usa el cepo como castigo.
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El hecho ocurrió en el Parque Nacional, donde la comunidad Emberá lleva casi un año asentada, y no sería la primera vez que usa el cepo como castigo.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó el castigo al que fueron sometidos varios integrantes de la comunidad Emberá asentada en el Parque Nacional en Bogotá. Según detalló el mandatario local, el viernes 16 de agosto, cinco menores de edad, entre ellos una embarazada, fueron castigados mediante la utilización del cepo.
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Es de recordar que el cepo es una estructura de madera utilizada para inmovilizar los pies de los castigados, mientras el cuerpo permanece tendido en el piso. Este castigo era utilizado en la época colonial contra las comunidades indígenas y en la actualidad se sigue utilizando para corregir a quienes no siguen las reglas de la comunidad.
El mandatario distrital señaló que el hallazgo de los menores que estaban siendo sometidos a este castigo se dio en medio de una inspección llevada a cabo por el distrito en el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el Parque Nacional. Por medio de su cuenta de X, Galán indicó que en el parque, donde viven cientos de indígenas, debería ser un lugar seguro para los menores.
“El Parque Nacional debe ser un espacio seguro para nuestros niños. Hoy en el recorrido de los equipos del Distrito en el PMU del Parque Nacional, fueron encontrados 5 menores de edad sometidos al castigo del cepo, incluyendo una menor embarazada”, escribió el alcalde en su cuenta de X.
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De otra parte, la Consejería de Paz de Bogotá informó que los menores de edad encontrados con este tipo de castigo tienen entre los 12 y 17 años, quienes según detalló la comunidad, debían permanecer tendidos en el suelo y con sus pies inmovilizados desde las 8:30 de la mañana y hasta las 6 de la tarde.
Es de mencionar que esta no es la primera vez que esta comunidad indígena incurre en este tipo de castigos. De acuerdo con un funcionario de la Consejería, el pasado 25 de julio denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación que algunos indígenas llevaron al cepo a un habitante de calle. Luego, el 14 de agosto, acudieron nuevamente ante el ente acusador para ampliar la denuncia con detalles sobre los responsables.