El Gobierno enfrenta un nuevo pulso interno tras el fuerte intercambio entre la directora del Dapre, Angie Rodríguez, y el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, a raíz de las denuncias sobre baja ejecución, anomalías contractuales y falta de transparencia en el Fondo de Adaptación.
La disputa pública entre la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, escaló esta semana a un rifirrafe institucional centrado en la gestión del Fondo de Adaptación, una entidad clave para la financiación de proyectos de mitigación y reconstrucción frente a desastres en Colombia.
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En una intervención desde la Casa de Nariño, Rodríguez presentó un duro informe en el que denunció presuntas irregularidades, baja ejecución presupuestal y falta de transparencia en varios proyectos estratégicos que fueron administrados bajo la dirección de Carrillo cuando estuvo al frente del Fondo de Adaptación.
Entre los casos más críticos mencionados por la directora del Dapre figura el contrato denominado “La Ruta del Arroz”, destinado a reactivar la economía de La Mojana con recursos presupuestales por más de 40.000 millones de pesos, que, según Rodríguez, mostraba cero por ciento de ejecución.
Además de La Ruta del Arroz, Rodríguez señaló otros contratos y proyectos, como estudios hidrodinámicos sobre el río Cauca y programas como Senderos para la Paz, los cuales, dijo, no produjeron avances significativos en términos técnicos ni de ejecución de obra pese a haber recibido recursos importantes.
En su denuncia pública, Rodríguez también destacó la clasificación de ciertos procesos contractuales como contratación directa sin un proceso competitivo adecuado, omisión de conceptos técnicos requeridos para la adjudicación y alertas de control interno que habrían sido ignoradas en etapas previas.
La directora del Dapre vinculó estos hechos no solo a presuntos malos manejos administrativos, sino a riesgos de perder recursos públicos por reintegros al Ministerio de Hacienda debido al bajo ritmo de ejecución, lo que, en su criterio, reflejaría una gestión deficiente que amerita investigación de organismos de control.
La respuesta de Carlos Carrillo fue igualmente pública y en términos confrontacionales: calificó los señalamientos como una “vendetta política” y afirmó tener la “conciencia tranquila” sobre su gestión al frente del Fondo de Adaptación, señalando que en política “uno tiene rivales y enemigos”.
Carrillo explicó que muchos de los contratos cuestionados ya habían sido puestos en conocimiento de los organismos de control y que problemas como la declaración desierta de algunos procesos obedecieron a alertas de riesgo de corrupción o ausencia de oferentes que cumplieran los requisitos técnicos.
Sobre el traslado de las oficinas del Fondo de Adaptación, otro punto de disputa, Carrillo sostuvo que la reubicación respondió a necesidades de operatividad y a la orden presidencial de avanzar en la fusión entre el Fondo y la UNGRD, descartando que ello implicara un aumento injustificado de costos.
El rifirrafe no se limitó a Rodríguez y Carrillo: el ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó públicamente las denuncias de la directora del Dapre, describiendo las supuestas fallas en la gestión de Carrillo como motivo de atención rigurosa por parte de los organismos de control, lo que intensificó el conflicto dentro del Ejecutivo.
Carrillo, por su parte, señaló que la directora del Dapre contaba con apoyo político de Benedetti y afirmó que ese respaldo político generaba desconfianza sobre la imparcialidad de los cuestionamientos, al tiempo que reiteraba que su labor fue técnica y alineada con las instrucciones presidenciales.
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El choque abierto entre altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro sobre el manejo del Fondo de Adaptación ha generado preocupación sobre el impacto institucional de estas disputas internas, dado que el Fondo administra recursos estratégicos para la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgos, y pone en foco la necesidad de claridad y transparencia en la ejecución de políticas públicas.