Hace ya dos años Colombia vivió un estallido social que duró varios meses, pero antes de eso y durante la pandemia, los bogotanos fueron testigos, en dos noches, de la violencia policial contra manifestantes, la cual dejó 14 personas muertas.
Luego de todo esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizó una serie de recomendaciones al país para evitar que este tipo de hechos se volviera a presentar, y de paso, resarcir a las víctimas de la masacre cometida por los uniformados de la Policía de Bogotá.
Pero parece que dichas recomendaciones no han sido acatadas en su totalidad y a cabalidad por el gobierno colombiano. Así lo demuestra un informe de la Fundación Alfredo Molano Bravo y la ONG Temblores llamado “No Basta”.
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El trabajo de las dos organizaciones le hizo seguimiento a las 31 recomendaciones hechas por la relatoría de la CIDH para el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 9 y 10 de septiembre de 2020; y las 41 recomendaciones que le hizo la Comisión al estado colombiano tras el estallido de 2021.
El documento encontró un bajo cumplimento por parte del Estado como de la alcaldía, lo que demuestra que pese a la buena voluntad del presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López, ha habido pocos avances en justicia y garantía para las víctimas de la masacre del 9S en 2020 y del estallido en 2021.
En la primera parte del informe, que trata sobre los hechos ocurridos en la noche del 9S, donde fueron asesinadas 14 personas a manos de miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, y con las evidencias que demuestran la participación de los uniformados en al menos 11 de los 14 homicidios, el grupo de investigadores encontró que solamente 24 de las 31 recomendaciones se han cumplido.
De esas, 9 están pendientes de cumplimento, 2 se encuentran en estado de incumplimiento, 5 han alcanzado un cumplimiento parcial, 3 muestran un cumplimiento parcial sustancial y solamente 5 demuestran un cumplimento total.
La segunda parte de informe “No Basta”, en la que se investigó los abusos policías durante el estallido social del año 2021, los investigadores llegaron a una conclusión similar frente a las recomendaciones dadas por las CIDH para garantizar la no repetición de los hechos.
La ONG Temblores analizó 31 de las 41 recomendaciones hechas por la Comisión y que se había pedido fueran priorizadas, y determinó que ninguna se ha cumplido en su totalidad.
Del seguimiento, se encontró que solo 1 se ha cumplido de manera sustancial, 17 se han cumplido parcialmente, 11 están pendientes de cumplimiento y 2 ya se cumplieron de manera definitiva.
El documento señaló que entre el 28 de abril y el 20 de julio de 2021, Colombia vivió una grave crisis de derechos humanos, derivada de la respuesta violenta y del uso desproporcionado por parte de la Fuerza Pública ante los reclamos legítimos de la ciudadanía en las calles.
En el informe se registró que solamente en Bogotá están documentados cuatro homicidios presuntamente a manos de los miembros de la Fuerza Pública, 56 traumas oculares atribuibles a la Policía y 1289 casos de violencia policial.
Uno de los mayores incumplimientos frente a las solicitudes de la CIDH tiene que ver con sacar a la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. Aquí, el organismo señaló que lo que se busca en tener una estructura que se consolide en preservar la seguridad con un enfoque en derechos humanos y ciudadano.
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Cabe mencionar que Colombia sigue siendo el único país de la región que conserva la Policía dentro del Ministerio de Defensa. Dentro de lo consignado en el informe, un funcionario del MinDefensa explicó que no es necesario cambiarla de cartera para iniciar una transformación de fondo.
Otro de los incumplimientos que se encontró a las recomendaciones de la CIDH tiene que ver con elaborar y aprobar una ley estatutaria que regule los alcances y limitaciones del derecho a la protesta. De hecho, en el informe se reconoce la disposición de los congresistas y representantes del Gobierno Nacional para trabajar conjuntamente con las organizaciones sociales y organismos internacionales para construir dos proyectos de ley sobre el tema.
Sin embargo, los investigadores de las dos entidades insisten en que en la práctica hay muchas dificultades para que alguno de los dos proyectos sea aprobado en el Congreso y de paso se haga una realidad.
Las conclusiones compartidas en el informe también señalan que hasta la fecha no existen normas o lineamientos para que fiscales especializados sean quienes conozcan de los hechos de violencia que ocurren en el marco de la protesta social, por lo que los investigadores dicen que esta falta de personal especializado puede repercutir en la efectividad de las investigaciones.
