La Conferencia Internacional sobre Reducción de Daños 2025 (HR25) se celebró en Bogotá del 27 al 30 de abril, consolidando a Colombia como epicentro del debate global sobre políticas de drogas centradas en la salud pública y los derechos humanos. El evento fue organizado por Harm Reduction International y convocó a más de 1.200 delegados de más de 80 países.
Entre los asistentes se encontraban profesionales de la salud, activistas, formuladores de políticas y representantes de la sociedad civil, quienes participaron activamente en discusiones sobre enfoques más humanos, inclusivos y basados en evidencia científica para enfrentar el fenómeno del consumo de drogas.
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El lema de la conferencia, “Sembrando cambio para cosechar justicia”, reflejó el compromiso del país con un enfoque transformador en la política de drogas. Esta visión se articula con la Política Nacional de Drogas 2023–2033, titulada “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”.
Esta política tiene como objetivo alejarse del prohibicionismo y promover la reducción de riesgos y daños (RRD) como eje central, priorizando el bienestar de las personas que usan drogas y abordando sus necesidades desde una perspectiva sanitaria y social.
Durante la HR25, se discutieron estrategias para minimizar los impactos negativos del consumo de drogas, entre ellas las intervenciones comunitarias, el acceso a servicios de salud y la promoción de una visión basada en la no criminalización de las personas usuarias.
La ministra de Justicia de Colombia, Ángela María Buitrago, subrayó en su intervención la necesidad de una política centrada en la vida y la dignidad humana. Afirmó que la RRD es esencial para salvar vidas y mejorar los indicadores de salud pública, marcando distancia de los enfoques represivos que han fracasado.
Uno de los anuncios clave fue la propuesta de Colombia para revisar la fiscalización de la hoja de coca, con base en evidencia científica que permite diferenciarla de la cocaína. Esta iniciativa busca impulsar su uso en sectores como la salud, la alimentación y la industria.
La propuesta también plantea eliminar barreras normativas que han impedido el desarrollo de productos lícitos derivados de este recurso ancestral, promoviendo el reconocimiento cultural y el desarrollo económico alternativo.
Durante el evento, se compartieron experiencias exitosas en reducción de daños, como las salas de consumo supervisado y las encuestas de consumo en línea, implementadas en países como los Países Bajos. Colombia expresó interés en adaptar estas metodologías.
Un logro importante fue la aprobación de una resolución presentada por Colombia ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, que establece la creación de un panel de expertos independientes para revisar el régimen global de drogas y proponer recomendaciones para su transformación.
La sociedad civil colombiana jugó un rol fundamental en la organización y desarrollo de la conferencia. Su experiencia en provisión de servicios de RRD y en la incidencia política mostró la importancia de una participación activa y comunitaria en la definición de políticas.
Otro tema tratado fue el impacto ambiental del narcotráfico, especialmente en términos de deforestación y contaminación hídrica. Colombia presentó datos que sustentan la necesidad de adoptar un enfoque biocentrista y de transformación territorial en la lucha contra estas economías ilícitas.
Durante el evento se consolidaron alianzas internacionales con países como Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú, Italia, Alemania, Pakistán, Países Bajos y Rusia, en torno a la reducción de daños y el desarrollo alternativo.
La elección de Colombia como sede de la HR25 ratifica su liderazgo en la promoción de políticas humanitarias y la búsqueda de soluciones sostenibles. El país ha dado un paso adelante en la reconfiguración del enfoque mundial sobre las drogas.
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Finalmente, la conferencia concluyó con un llamado urgente a todos los países a adoptar políticas más justas, efectivas y centradas en la dignidad humana, consolidando así el legado de la HR25 como un punto de inflexión en la historia de las políticas de drogas.