Los combates entre disidencias de las FARC y el ELN en Filo El Gringo, Norte de Santander; dejan cuatro heridos y desplazamientos masivos en el Catatumbo, mientras el Gobierno refuerza la presencia militar.
miércoles, 31 de diciembre de 2025
Los combates entre disidencias de las FARC y el ELN en Filo El Gringo, Norte de Santander; dejan cuatro heridos y desplazamientos masivos en el Catatumbo, mientras el Gobierno refuerza la presencia militar.
En los últimos días de diciembre de 2025 se intensificaron los enfrentamientos armados entre disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el corregimiento rural de Filo El Gringo, ubicado en el municipio de El Tarra, en la subregión del Catatumbo. Esta escalada forma parte de disputas territoriales históricas entre estos grupos por el control de rutas de narcotráfico y economías ilegales en la región.
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Las hostilidades han incluido ataques con drones, combates sostenidos en zonas urbanas del corregimiento y acciones ofensivas para arrebatar el control territorial del ELN, que tradicionalmente tenía presencia en esta zona, por parte de las disidencias de las FARC. Este uso de tecnología militarizada agrava la peligrosidad para la población civil.
Habitantes de Filo El Gringo han relatado que, durante los combates, las calles quedaron prácticamente vacías y muchas viviendas han sufrido daños directos o quedar expuestas a la violencia. Reportes citan que incluso hay cuerpos siniestrados que no han podido ser recogidos por el peligro que aún representa circular por el área afectada.
La violencia ha provocado desplazamientos masivos de familias que buscan refugio en zonas más seguras dentro y fuera del Catatumbo. Las caravanas de desplazados han salido de la zona rural con banderas blancas, evidenciando la desesperación de los civiles ante la continuidad de los combates.
La Defensoría del Pueblo reportó que al menos 414 personas han sido desplazadas recientemente desde comunidades rurales de la región hacia localidades como Tibú o Cúcuta, mientras las autoridades de derechos humanos advierten que esta cifra podría crecer si los enfrentamientos persisten.
Además de las muertes entre los combatientes, diversas fuentes periodísticas señalan que los enfrentamientos han causado personas heridas entre civiles y combatientes, aunque los balances de heridos son aún imprecisos y continúan actualizándose ante la dificultad de acceso a la zona, preliminarmente se habla de cuatro personas heridas.
Organismos del Ministerio Público han advertido que, en medio del conflicto, grupos armados estarían ingresando a viviendas con listas en mano para verificar identidades y sacar a personas señaladas, lo que ha generado un clima de terror y ha acelerado la salida forzada de familias.
Además del desplazamiento, hay reportes de confinamientos —situaciones en que familias no pueden salir de sus viviendas o veredas debido a los combates— lo que expone a personas a falta de alimentos, servicios básicos e incremento de riesgos sanitarios según monitoreos de la Defensoría del Pueblo.
Frente a esta escalada en Filo El Gringo, el Ministerio de Defensa ha anunciado el refuerzo de tropas y apoyo aéreo para intentar recuperar y mantener el orden público en la zona y contrarrestar los grupos armados ilegales, aunque detalles operativos precisos no siempre han sido divulgados públicamente por razones de seguridad.
Líderes sociales y representantes de las comunidades han solicitado al Gobierno nacional la apertura de corredores humanitarios para que las poblaciones civiles puedan salir de la zona de conflicto con seguridad y acceder a asistencia en municipios cercanos, subrayando la urgencia de medidas que minimicen el sufrimiento de la población.
Autoridades departamentales y municipales han emitido pronunciamientos públicos denunciando la situación de violencia y exigiendo mayor presencia estatal y atención integral para los desplazados, incluidos albergues, servicios de salud y seguridad para quienes llegan a centros urbanos como Tibú o Cúcuta.
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Defensores de derechos humanos y organismos como la Defensoría del Pueblo advierten que la situación humanitaria en el Catatumbo podría empeorar si no se estabiliza el orden público, pues los desplazamientos forzados, las amenazas a civiles y los confinamientos siguen generando vulnerabilidad extrema entre comunidades rurales ya históricamente afectadas por décadas de conflicto.