Comisión de la ONU contra la Desaparición Forzada indicó que hay miles de cuerpos sin identificar en Bogotá

Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada indicó que hay 20.000 cuerpos sin identificar en Bogotá.

Las desapariciones forzadas continúan siendo una horrible realidad en Colombia. A pesar de décadas de esfuerzos, decenas de miles de víctimas siguen desaparecidas y las familias viven en desesperación. El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED) concluyó su visita al país, señalando deficiencias sistémicas como la fragmentación del marco jurídico, la ineficacia institucional, y la falta de claridad sobre el número real de personas desaparecidas.

Una delegación del Comité visitó Colombia del 21 de noviembre al 5 de diciembre. Durante la misión, se reunieron con 80 autoridades, incluyendo la Ministra de Justicia, la Fiscal General, la Defensora del Pueblo, así como víctimas y organizaciones de la sociedad civil en varias ciudades del país. También visitaron centros de detención y participaron en diligencias en cementerios desbordados de cuerpos sin identificar.

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«Aunque las desapariciones forzadas en Colombia comenzaron en la década de 1940, no son solo un crimen del pasado. Siguen ocurriendo a diario en todo el país bajo diferentes circunstancias», indicó la delegación. Esta problemática afecta a diversos grupos: niños, adolescentes, líderes sociales, migrantes, periodistas y combatientes desmovilizados. Casos alarmantes incluyen reclutamiento forzado, trata de personas y desplazamiento forzado.

Las familias enfrentan barreras al buscar apoyo debido al marco legal e institucional complejo. Una víctima expresó su frustración: «No sabemos a dónde acudir. No tenemos la información para exigir nuestros derechos». Denuncian que las autoridades ofrecen información confusa y no atienden sus casos de manera efectiva.

El panorama institucional está fragmentado, con mandatos solapados y una coordinación ineficaz. Entidades como la Comisión Nacional de Búsqueda y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas tienen funciones duplicadas. Se estima que coordinar un proceso de búsqueda implicaría trabajar con 60 autoridades nacionales y territoriales.

Esta situación empeora debido a que las instituciones trabajan en silos, atrapando a las víctimas en un laberinto burocrático. Funcionarios admitieron que las múltiples reuniones de coordinación rara vez se traducen en acciones concretas. Un funcionario comentó: «Nos reunimos mucho, pero no se logran resultados efectivos».

El Comité de la ONU subrayó la necesidad de reforzar la coordinación institucional, evitar la duplicación de mandatos y fomentar la colaboración. Además, es crucial enfrentar la impunidad y garantizar que los funcionarios rindan cuentas. Las familias merecen justicia y respuestas claras para superar esta crisis humanitaria.

La ausencia de un registro centralizado y fiable de personas desaparecidas agrava la situación en Colombia. Las cifras oscilan entre 98.000 y 200.000, debido a discrepancias en los registros institucionales. El miedo a represalias y la falta de confianza en las autoridades dificultan las denuncias, especialmente en zonas controladas por grupos armados y el crimen organizado. Las víctimas de comunidades marginadas, como migrantes, pueblos indígenas y personas LGBTIQ+, enfrentan obstáculos adicionales.

Miles de cadáveres sin identificar permanecen en cementerios o depósitos mal gestionados. Un ejemplo es un hangar del aeropuerto de Bogotá, donde se almacenan unos 20.000 cuerpos sin identificar, reflejando la magnitud del problema.

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada exigió acciones inmediatas para mejorar la coordinación institucional. Es crucial racionalizar los mandatos y reducir el solapamiento burocrático. La solución no está en crear más instituciones o leyes, sino en fortalecer y articular las ya existentes para beneficiar a las víctimas.

Se requiere con urgencia financiación adecuada y personal especializado. Además, el Comité destacó la importancia de combatir la impunidad. Deben implementarse mecanismos de rendición de cuentas para responsabilizar a funcionarios e instituciones por sus acciones o inacciones. Se resaltó la dedicación de algunos funcionarios, que debe convertirse en la norma.

Las familias de los desaparecidos merecen claridad, justicia y rendición de cuentas. Cada persona desaparecida simboliza una familia en busca de respuestas, una comunidad afectada y una sociedad marcada por un dolor no resuelto, según subrayó la delegación.

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El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada presentó sus hallazgos preliminares al gobierno colombiano y anunció que publicará un informe completo en abril de 2025. Este documento detallará las acciones necesarias para enfrentar la crisis de desapariciones forzadas en el país.

Redacción Nacional

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