Panamá y Costa Rica aceptaron recibir migrantes provenientes de otros países. En medio de este rol de «países puente» se han generado tensiones internas y externas por el manejo humanitario de estas personas deportadas desde Estados Unidos.
En los últimos meses, Panamá y Costa Rica han asumido roles cruciales como «países puente» en la gestión de migrantes deportados desde Estados Unidos, especialmente aquellos provenientes de naciones asiáticas. Esta dinámica ha sido impulsada por las políticas migratorias más estrictas implementadas por la administración del presidente Donald Trump, que buscan reducir la inmigración indocumentada mediante deportaciones masivas y acuerdos con países latinoamericanos para facilitar el retorno de migrantes a sus lugares de origen.
Te puede interesar: José Gregorio Hernández se convertiría en el primer santo venezolano
El 13 de febrero de 2025, Panamá recibió un vuelo militar estadounidense con 119 migrantes deportados, entre ellos ciudadanos de China, Uzbekistán y Pakistán. Este evento marcó la primera ocasión en que Panamá aceptó migrantes no panameños deportados desde Estados Unidos, como parte de un «programa de cooperación» entre ambos países. Los migrantes fueron inicialmente alojados en un hotel local y posteriormente trasladados a un albergue en San Vicente, cerca de la selva del Darién. Las autoridades panameñas expresaron su intención de gestionar rápidamente la situación para repatriar a los migrantes a sus países de origen.
Simultáneamente, Costa Rica acordó colaborar con Estados Unidos para recibir a 200 migrantes de diversas nacionalidades asiáticas deportados por las autoridades estadounidenses. El 20 de febrero de 2025, un vuelo chárter arribó al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en San José, transportando a 135 migrantes de países como Uzbekistán, China, Armenia, Turquía y Afganistán. Estos migrantes fueron trasladados al Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) en la localidad de Corredores, fronteriza con Panamá, donde aguardarán su repatriación en vuelos financiados por Estados Unidos y supervisados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La decisión de Costa Rica de aceptar a estos migrantes ha generado críticas internas, con detractores que acusan al gobierno de Rodrigo Chaves de convertir al país en un «puente» que facilita las políticas antiinmigratorias de Estados Unidos. A pesar de las críticas, el gobierno costarricense ha defendido su posición, destacando razones humanitarias, como la presencia de 50 niños entre los deportados, y la importancia de fortalecer la colaboración con Estados Unidos.
En Panamá, la situación ha sido igualmente compleja. Un grupo de aproximadamente 300 migrantes deportados de países como Afganistán, China, India, Irán y Turquía fueron ubicados en un centro de inmigración remoto tras su deportación desde Estados Unidos. Abogados y organizaciones de derechos humanos han criticado la falta de acceso legal y las condiciones en las que se encuentran estos migrantes, quienes enfrentan incertidumbre sobre su futuro y temen por su seguridad si son repatriados a sus países de origen.
La cooperación entre Estados Unidos y países latinoamericanos como Panamá y Costa Rica en materia migratoria ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia de los acuerdos y el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Observadores han señalado la necesidad de garantizar que los migrantes tengan acceso a servicios legales, comunicación con sus familias y condiciones de detención adecuadas mientras se resuelve su situación migratoria.
Además, la falta de claridad en los acuerdos de deportación y repatriación ha generado confusión entre los migrantes y las organizaciones que abogan por sus derechos. La ausencia de detalles sobre los términos de estos acuerdos y el uso de terceros países para facilitar las deportaciones han sido objeto de críticas por parte de defensores de los derechos humanos, quienes advierten sobre posibles violaciones a las protecciones internacionales para los migrantes.
La situación también ha puesto de manifiesto las limitaciones logísticas y administrativas de Panamá y Costa Rica para manejar el flujo de migrantes deportados. Ambos países han tenido que adaptar instalaciones y recursos para albergar temporalmente a los migrantes, garantizar su seguridad y coordinar su repatriación, todo ello en medio de críticas y desafíos internos relacionados con la soberanía y las políticas migratorias nacionales.
En este contexto, la colaboración con organizaciones internacionales como la OIM ha sido fundamental para supervisar y facilitar el proceso de repatriación de los migrantes. Estas organizaciones brindan asistencia técnica y financiera, asegurando que los procedimientos se realicen de acuerdo con los estándares internacionales y respetando los derechos de los migrantes durante su estadía en los países de tránsito.
A pesar de los esfuerzos conjuntos, la situación ha generado tensiones diplomáticas y debates sobre la responsabilidad compartida en la gestión de la migración internacional. Mientras Estados Unidos busca implementar políticas más estrictas para controlar la inmigración, países como Panamá y Costa Rica se encuentran en una posición delicada, equilibrando la cooperación internacional con la protección de los derechos humanos y las preocupaciones internas sobre soberanía y recursos.
La experiencia de estos migrantes deportados también ha puesto en evidencia las difíciles condiciones que enfrentan durante su tránsito y detención. Informes de organizaciones de derechos humanos han documentado casos de confiscación de pertenencias personales, restricciones en la comunicación y acceso limitado a servicios legales, lo que agrava la vulnerabilidad de estas personas y plantea serias preocupaciones éticas y legales.
Te puede interesar: Chile experimentó apagón masivo
La situación de Panamá y Costa Rica como «países puente» en la recepción de migrantes deportados desde Estados Unidos refleja los complejos desafíos de la gestión migratoria en la región. La necesidad de equilibrar la cooperación internacional, el respeto a los derechos humanos y las dinámicas políticas internas continúa siendo un tema de debate y análisis en ambos países.