Los grupos indígenas uitoto, muinane y andoque, que habitan en Caquetá y Amazonas, implementaron un modelo de conservación ambiental y autonomía en esta región del país, gracias al trabajo articulado con la empresa privada y el Gobierno nacional.
Según el Ministerio del Interior, entre los aspectos más destacables de este modelo de conservación ambiental está su enfoque participativo, que no requirió de la implementación de un proceso de Consulta Previa por parte de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa del Ministerio del Interior, debido a que, desde su origen, se construyó con base en el respeto, el diálogo genuino y la inclusión de las comunidades indígenas en cada una de sus etapas.
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Esta iniciativa es fruto de la participación y el trabajo mancomunado de los pueblos indígenas y la empresa Yauto S.A.S., con el acompañamiento del Estado, en el marco del proyecto de bonos de carbono.
El proyecto involucra a 615 familias, distribuidas en 22 comunidades que hacen parte de tres resguardos indígenas: Monochoa y Puerto Sábalo – Los Monos, en el departamento de Caquetá, y el Resguardo Predio Putumayo Zona CRIMA, en el Amazonas, reconocido como el más extenso de Colombia.
Cabe señalar que, más allá de la conservación ambiental, esta iniciativa ha generado impactos tangibles en el bienestar comunitario, entre ellos: el desarrollo de mecanismos para mejorar el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, la implementación de la conectividad mediante internet satelital y la puesta en marcha de proyectos productivos sostenibles, alineados con la cosmovisión y prácticas tradicionales de cada pueblo indígena.
El proyecto contribuye significativamente a la mitigación del cambio climático, ya que cada año evita la emisión de millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂).
Además, protege corredores ecológicos de gran relevancia para Colombia, como el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y el Parque Nacional Natural Cahuinarí, fundamentales para la biodiversidad del país y del planeta.
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Es así como el Gobierno nacional y estas comunidades étnicas han asumido un compromiso para garantizar la preservación de territorios ancestrales, basándose en el respeto de las estructuras de gobernanza, propias de los pueblos indígenas, que refuerzan su autonomía.