Consejo de Estado determinó que el CNE sí es competente para investigar al presidente

El Consejo de Estado, en cabeza de la consejera ponente María del Pilar Bahamón, decidió que el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí esw competente para “continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas correspondientes, si a ello hay lugar”, señaló el documento.

El alcance de la decisión del Consejo de Estado también indica que el Congreso de la República es competente “para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del Presidente de la República, de manera autónoma y según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política, en los términos del artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, cuando de la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022- 2026 proceda la referida sanción”.

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Es decir, que la Comisión de Acusaciones, que es el juez natural del Presidente de la República, mantiene sus competencias en este caso, pero eso no significa que el CNE no pueda investigar lo relacionado con la financiación, topes y testigos electorales.

Ese tridente en la Cámara de Representantes, encargado de investigar las denuncias contra la campaña del hoy presidente Petro, esta conformado por el representante Alirio Uribe, del Pacto Histórico y petrista de antaño. También está presente la congresista Gloria Arizabaleta, quien es cuota del hoy embajador Roy Barreras y llegó a la Cámara por el Partido Fuerza de la Paz. El tridente lo cierra Wilmer Carrillo del Partido de la U.

Es de señalar que la decisión del Consejo de Estado no es nueva, ya que a comienzos del mes de junio el alto tribunal había confirmado que “corresponde al Consejo Nacional Electoral adelantar las actuaciones administrativas tendientes a la investigación y posterior decisión de fondo frente a los hechos que constituyan una violación de topes de la campaña electoral”.

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Cabe mencionar que los hechos que investiga el CNE son las cuentas reportadas de la Sociedad Aérea de Ibagué (SADI), donde el presidente Petro se transportó mientras era candidato a la presidencia. El CNE investiga los aportes de SADI por 4.000 millones de pesos y de la Unión Sindical Obrera (USO) por 600 millones, y también los 500 millones de pesos que Fecode también aportó.

Además, el CNE indicó que no se reportó el préstamo realizado por el Polo Democrático Alternativo por 500 millones de pesos y tampoco el pago a testigos electorales por 931 millones de pesos.

Asimismo, “omitieron el reporte de gastos por concepto de propaganda electoral por la suma de 356 millones de pesos”.