El Consejo de Estado abrió un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, por no retractarse de unas declaraciones.
lunes, 7 de abril de 2025
El Consejo de Estado abrió un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, por no retractarse de unas declaraciones.
El Consejo de Estado inició un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro, luego de que no cumpliera con la orden de retractarse públicamente por calificar como “victimarios” a quienes participaron en las marchas de la oposición realizadas en noviembre de 2024.
La solicitud fue promovida por el activista político Josías Fiesco, quien interpuso una acción de tutela alegando que las declaraciones del mandatario, emitidas el 23 de noviembre durante un evento en Chimichagua, Cesar, estigmatizaban a la oposición política y vulneraban el derecho a la protesta.
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En esa ocasión, el presidente expresó: “Los que quieren que esta injusticia siga padeciéndose en el país, los que quieren que no haya una reivindicación para las víctimas, los que quieren que las hijas de los campesinos terminen en los burdeles de la gran ciudad o que el hijo del campesino termine levantando un fusil para matar a su hermano de sangre o de tierra”. Estas palabras fueron además replicadas en su cuenta personal de X (@petrogustavo).
El pasado 6 de marzo de 2025, el Consejo de Estado falló a favor de Fiesco y ordenó al jefe de Estado retractarse públicamente en un plazo de cinco días a través de sus cuentas oficiales, incluyendo las redes sociales de la Presidencia, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y su perfil personal en X. Sin embargo, según el denunciante, no se ha cumplido con esta orden.
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Tras verificar la ausencia de dichas publicaciones y no recibir respuesta de la Presidencia ni del Dapre ante los requerimientos enviados, el Consejo de Estado decidió abrir el incidente de desacato. La Sección Quinta del alto tribunal notificó formalmente al presidente Petro a través del correo judicial oficial de la Presidencia y le otorgó un plazo de dos días para que presente pruebas del cumplimiento de la sentencia.
Según el decreto ley 2591 de 1991, el incumplimiento de una orden de tutela puede acarrear sanciones como arresto de hasta seis meses y multas equivalentes a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
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— Doomo Editorial (@DoomoEditorial) April 7, 2025