El aumento del pasaje de TransMilenio reabrió un debate político y técnico: mientras la Alcaldía lo atribuye al alza del salario mínimo y a la sostenibilidad del sistema, el Gobierno nacional y varios concejales cuestionan si existían recursos suficientes para evitar trasladar el costo a los usuarios
El 9 de enero, la Alcaldía de Bogotá confirmó un aumento en el pasaje del Sistema Integrado de Transporte Público (TransMilenio, TransMiCable y TransMiZonal): a partir del 14 de enero el valor unificado del pasaje será de 3.550 pesos, un ajuste del 10,9 %. El Distrito argumenta que el incremento responde al impacto del aumento del salario mínimo y otros costos operativos del sistema.
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La administración distrital sostiene que el aumento del salario mínimo decretado por el Gobierno nacional —que supera el 20 % para 2026— eleva significativamente los costos del sistema, especialmente en materia de remuneraciones para el personal, lo cual obliga a ajustar la tarifa para garantizar la sostenibilidad financiera del transporte público.
Galán también ha vinculado el aumento a la necesidad de estabilizar financieramente el sistema, aunque ha señalado que el alza no sería necesaria si el Gobierno nacional realiza un aporte adicional de recursos, aproximadamente 1,5 billones de pesos, que permitiría compensar costos sin trasladarlos a los usuarios.
El presidente de la República, Gustavo Petro, ha indicado que existen recursos disponibles destinados a financiar la flota de buses eléctricos y reducir los costos por pasajero, lo que podría aliviar la presión sobre las tarifas si estos se canalizan de forma más acelerada y directa al sistema.
Galán ha aclarado que el convenio vigente entre la Nación y el Distrito contempla aportes por alrededor de 938 mil millones de pesos para buses eléctricos, pero que estos recursos no se desembolsarán este año, sino de forma escalonada hasta 2040, por lo que no cubren las necesidades financieras inmediatas del sistema para 2026.
La controversia se agudiza con concejales que consideran que el Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y los subsidios existentes podrían haber sido suficientes para mantener la tarifa sin aumento, señalando que se están destinando recursos públicos significativos a la operación privada del sistema sin una justificación clara del incremento.
Otros concejales críticos han señalado que el Gobierno nacional ya dispone de un paquete de 1,5 billones para renovar y ampliar flota eléctrica, lo que reforzaría la idea de que el aumento de tarifa era innecesario si esos recursos se hubieran aplicado al transporte público emergente.
Desde el Concejo también se han planteado cuestionamientos sobre la gestión del sistema y su transformación en un operador que prioriza inversiones urbanísticas y financieras por encima de la prestación eficiente del servicio, lo que, según algunos ediles, debería ser motivo para revisar la estructura tarifaria.
También hay controversias, porque el aumento del pasaje estaba anunciado previamente al incremento del salario mínimo; entonces algunos analistas han indicado que hay cierta politización del tema, aprovechando para cuestionar el decreto del incremento del salario mínimo.
En defensa del ajuste, la Alcaldía ha destacado que la tarifa propuesta de 3.550 pesos queda por debajo del incremento del salario mínimo y de otros indicadores de costos, y que el aumento permite mantener subsidios sociales como los pasajes gratis para adultos mayores y personas en condiciones de pobreza extrema.
El financiamiento de buses eléctricos forma parte de una estrategia de largo plazo para reducir costos por pasajero y mejorar la sostenibilidad ambiental del sistema. La llegada de nuevos buses eléctricos para Bogotá está en curso, con más de 1.400 unidades y adicionales previstas para 2026, lo cual es señalado por la Alcaldía como una inversión que beneficiará a la ciudad en el mediano y largo plazo.
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La discusión pública sobre el aumento del pasaje de TransMilenio, su relación con el incremento del salario mínimo, el aporte del Gobierno nacional para financiar la flota eléctrica y las posturas críticas de los concejales refleja tensiones entre la necesidad de sostenibilidad financiera del transporte y las expectativas ciudadanas de mantener tarifas accesibles y coherentes con promesas de campaña.