La orden arresto contra Netanyahu y su exministro Gallant obliga a países europeos principalmente, a capturarlos si pisan sus territorios.
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La orden arresto contra Netanyahu y su exministro Gallant obliga a países europeos principalmente, a capturarlos si pisan sus territorios.
La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu, actual primer ministro de Israel, y Yoav Gallant, exministro de Defensa, por su presunta implicación en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Estas acusaciones incluyen el uso de hambre como arma de guerra, el asesinato intencional de civiles y la privación de bienes esenciales como alimentos, agua y electricidad entre octubre de 2023 y mayo de 2024.
La CPI detalló que ambos líderes son responsables de actos como el bloqueo sistemático de ayuda humanitaria, que provocó la muerte de civiles, incluyendo niños, por desnutrición y deshidratación. Además, se les acusa de ordenar ataques intencionados contra la población civil, un acto considerado un crimen de guerra bajo el Estatuto de Roma.
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Israel impugnó la jurisdicción de la CPI, argumentando que no reconoce a Palestina como un Estado y, por ende, no puede ser juzgado por la Corte. Sin embargo, la CPI desestimó estas objeciones, afirmando que tiene autoridad para actuar en este caso debido a la jurisdicción territorial reconocida en Palestina.
La decisión también incluyó órdenes de arresto contra líderes de Hamás, como Mohammed Deif, por su presunta implicación en crímenes de guerra como toma de rehenes, violencia sexual y asesinatos. Sin embargo, se desconoce el paradero actual de Deif, a quien Israel había declarado muerto previamente.
Esta medida ocurre en un contexto de creciente escrutinio internacional hacia las acciones israelíes y palestinas en el conflicto. Según Amnistía Internacional, ambos lados han cometido violaciones graves al derecho internacional, incluyendo ataques indiscriminados y deliberados contra civiles.
La CPI considera que estas acciones no solo buscan justicia para las víctimas, sino que envían un mensaje claro sobre la necesidad de respetar los derechos humanos y el derecho humanitario en los conflictos armados.
Esta es la primera vez que se emite una orden contra un primer ministro israelí en funciones. Sin embargo, la implementación de estas órdenes enfrenta desafíos significativos, ya que Israel no es parte del Estatuto de Roma, el tratado que establece la CPI.
Organizaciones internacionales han solicitado la cooperación de los países firmantes del Estatuto para garantizar el cumplimiento de las órdenes de arresto. Sin embargo, la política y la diplomacia juegan un papel crucial en la ejecución de estas medidas.
La decisión de la CPI marca un momento histórico en la búsqueda de justicia en el conflicto israelo-palestino. A pesar de las controversias y desafíos legales, subraya la importancia de las instituciones internacionales para garantizar la rendición de cuentas.
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Se espera que estas acciones impulsen una mayor presión internacional, en especial sobre Netanyahu, para una solución pacífica y respetuosa de los derechos humanos en la región. Sin embargo, las tensiones siguen siendo altas, y el resultado de estas órdenes de arresto aún está por verse.
Algunos críticos de la medida contra Netanyahu han apelado nuevamente al antisemitismo como razón por la cual se emitieron las órdenes de captura. Esto aún cuando también se han emitido contra líderes de Hamás.