David Racero señalado de presunto tráfico de influencias en el SENA

Un nuevo escándalo sacude al gobierno nacional y al Pacto Histórico, la coalición política que respalda al presidente Gustavo Petro. Esta vez, el protagonista es el representante a la Cámara David Racero, quien ha sido señalado por posibles actos de clientelismo y tráfico de influencias relacionados con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

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El caso se centra en una serie de chats revelados entre Racero y el director general del SENA, Jorge Londoño, en los que presuntamente se gestiona un cargo público para un familiar del congresista. En concreto, se trataría de José Luis Mayorca, tío de Racero, quien aspiraría al puesto de subdirector en la entidad.

Este hecho ha generado una fuerte ola de críticas tanto dentro como fuera del oficialismo, pues se considera que contradice los principios de mérito y transparencia en la administración pública, los cuales han sido defendidos de forma reiterada por el actual gobierno.

Cabe señalar que no es la primera vez que Racero se ve envuelto en una polémica de este tipo. En el pasado fue cuestionado por presuntamente haber utilizado recursos públicos para pagar empleados de un negocio familiar, concretamente un fruver ubicado en Bogotá. En esa ocasión, se le acusó de desviar dineros del Estado para fines personales.

La nueva controversia se agrava tras la divulgación de audios comprometedores, en los que se escucha a Racero conversar con una persona a la que llama “Luzma”. En la grabación, Racero describe el funcionamiento de lo que parece ser una estructura clientelista al interior del SENA. “Por ahora la idea es colocar encargado esos cargos, sacar los que están en ese momento y poner los nuestros ¿vale?”, dice en uno de los fragmentos más críticos.

Las palabras del representante han sido interpretadas como una admisión directa de prácticas que podrían constituir faltas éticas y legales, al sugerir la remoción de funcionarios para colocar personas afines políticamente, sin un proceso de selección formal ni concurso de méritos.

En respuesta a estos hechos, varios sectores políticos y sociales han solicitado que se inicie una investigación a fondo. El caso ya ha llegado a oídos de la Corte Suprema de Justicia, que tiene la competencia para investigar a congresistas. Se espera que la Sala de Instrucción defina si hay méritos para abrir un proceso penal contra Racero.

El representante, por su parte, ha negado hasta el momento haber incurrido en irregularidades. En declaraciones a medios de comunicación, ha calificado la filtración de los audios como parte de una “estrategia de desprestigio” en su contra, aunque no ha negado que la voz que se escucha en la grabación sea la suya.

El escándalo también ha tenido repercusiones dentro del Pacto Histórico, donde voces críticas han exigido explicaciones y han pedido que se mantenga una coherencia ética entre el discurso del cambio y las acciones de sus miembros. Algunos sectores incluso han pedido una sanción política o disciplinaria al congresista.

Desde el punto de vista institucional, el escándalo pone nuevamente en el centro del debate la politización del SENA, una entidad clave en la formación técnica de miles de colombianos. Diversos expertos han advertido que la instrumentalización política de la entidad afecta su credibilidad y su capacidad operativa.

Este caso plantea interrogantes sobre la forma en que algunos sectores del oficialismo están gestionando el poder burocrático, en contraste con las promesas de transparencia y lucha contra la corrupción que motivaron a gran parte del electorado que apoyó al presidente Petro en 2022.

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En adelante, se espera que la Corte Suprema de Justicia actúe con independencia y rigor, esclareciendo si hubo o no una conducta delictiva por parte del representante Racero y, de ser así, aplicando las sanciones correspondientes. La ciudadanía sigue atenta a un proceso que puede marcar un precedente importante sobre el clientelismo en el actual gobierno.