lunes, 4 de agosto de 2025

Defensa de Álvaro Uribe Vélez presentó tutela para frenar su detención domiciliaria

Según Granados, la jueza Sandra Liliana Heredia incurrió en “errores evidentes” al dictar sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, en busca de suspender la orden de prisión domiciliaria emitida en su contra. La solicitud argumenta que la medida vulnera derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad.

El recurso fue radicado por el abogado Jaime Granados, quien asegura que la decisión de privar de la libertad a Uribe se adoptó pese a que la condena aún no está en firme. En su concepto, esto constituye una detención arbitraria y carente de fundamento jurídico.

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“Se ordenó su detención inmediata sin que exista una decisión definitiva, bajo vicios de motivación y desconociendo la presunción de inocencia”, indica el documento de 91 páginas. Granados pidió al Tribunal que suspenda provisionalmente la orden de captura y, si ya fue ejecutada, que se restituya de manera inmediata la libertad del exmandatario.

La tutela también solicita declarar que el Juzgado 44 Penal de Bogotá transgredió los derechos fundamentales del expresidente, al ordenar su detención de forma anticipada y, según la defensa, sin justificación suficiente.

El pasado 1 de agosto, el Juzgado impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria y una multa de más de $3.444 millones contra Uribe, por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal. La sentencia fue apelada por su defensa.

Según Granados, la jueza Sandra Liliana Heredia incurrió en “errores evidentes” al dictar sentencia, al suponer que la detención del expresidente era necesaria para prevenir nuevas conductas delictivas, pese a que el fallo aún no está ejecutoriado.

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“Justificar la detención en la supuesta necesidad de disuasión desconoce la presunción de inocencia y convierte la medida en una pena anticipada”, agregó la defensa.

La decisión sobre la apelación debe ser tomada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá antes de que finalice octubre. De lo contrario, el proceso prescribiría y tendría que ser archivado.

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