La Contraloría alertó que la reparación a víctimas ordenada por la JEP enfrenta un déficit del 83,6 % en 2026, debido a incumplimientos en la entrega de bienes por parte de las antiguas Farc y falta de recursos presupuestales.
La Contraloría General de la República (CGR) lanzó una alerta sobre las serias dificultades financieras para cumplir las órdenes de reparación a las víctimas contempladas en las dos primeras sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Según el organismo de control, la financiación proyectada para 2026 presenta un déficit del 83,6 %, equivalente a COP 101.858 millones, sin incluir eventuales nuevas sentencias que podrían incrementar el faltante.
Este hallazgo se conoció tras un seguimiento especial al cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado colombiano y el antiguo secretariado de las Farc, así como a las decisiones judiciales recientes emitidas por la JEP.
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Uno de los principales problemas identificados por la Contraloría tiene que ver con fallas en la monetización de los bienes entregados por la exguerrilla, así como incumplimientos en la entrega efectiva de activos destinados a la reparación integral de las víctimas del conflicto armado.
De acuerdo con el informe, el componente restaurativo y reparador de las sentencias de la JEP requiere una inversión estimada en COP 121.858 millones. No obstante, para la vigencia 2026, el antiguo secretariado de las Farc solo habría aportado COP 20.000 millones, lo que limita de manera significativa la ejecución de las órdenes judiciales.
El análisis de la Contraloría también evidenció una brecha sustancial entre los bienes reportados y los realmente entregados por las antiguas Farc:
La SAE fue designada como administradora del patrimonio autónomo encargado de estos bienes, mientras que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) figura como la entidad beneficiaria.
Según la Contraloría, a través de su delegada para el Sector Justicia, estos incumplimientos ponen en riesgo el derecho fundamental a la reparación integral de las víctimas y podrían comprometer la responsabilidad del Estado colombiano frente a las decisiones judiciales de la JEP.
El ente de control instó a las entidades involucradas a cumplir los compromisos adquiridos, garantizar los recursos necesarios y asegurar la implementación efectiva de las medidas de reparación ordenadas.
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Adicionalmente, la Contraloría advirtió que otras órdenes judiciales incluidas en las sentencias de la JEP, que asignan responsabilidades a entidades nacionales y territoriales, no cuentan con apropiaciones presupuestales para la próxima vigencia fiscal. Esta situación impide su ejecución y agrava el panorama financiero.
El informe concluye que la diferencia entre los compromisos adquiridos y los bienes efectivamente entregados compromete la eficacia de los principios de verdad, justicia y reparación, y genera una incertidumbre sobre la efectividad de la justicia transicional como garantía de no repetición y como mecanismo real de protección de los derechos de las víctimas del conflicto armado.
⚠️Los bienes entregados por las #FARC al Estado no cumplen con lo acordado, lo que pone en riesgo la efectividad de la justicia transicional.
— Contraloría General de la República de Colombia (@CGR_Colombia) January 20, 2026
📌La @activosSAE administra el patrimonio, y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (#UARIV) es la… https://t.co/AFsuWdIMtb pic.twitter.com/KpDE82V4VR