Desde el ejecutivo continúan las denuncias contra congresistas por menoscabo de la integridad nacional

Varios ministros del Gobierno nacional anunciaron denuncias penales ante la Corte Suprema de Justicia contra congresistas de oposición, acusándolos de promover conductas que podrían afectar la soberanía, la integridad territorial y la unidad nacional del país.

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La primera y más visible de estas iniciativas provino del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que presentaría las denuncias basándose en publicaciones de legisladores en redes sociales que, a juicio suyo, habrían promovido mensajes que podrían interpretarse como llamados a la injerencia extranjera o acciones hostiles contra Colombia.

Sanguino argumentó que estos mensajes no deben ser entendidos como simples opiniones políticas, sino que podrían encuadrarse en los delitos de Menoscabo de la Integridad Nacional y Participación en hostilidades contra la patria, contemplados en los artículos 455 y 458 del Código Penal colombiano, por lo que deberían ser investigados por la justicia.

En la denuncia inicial, el ministro señaló directamente a varios congresistas, entre ellos el senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido públicamente como ‘Jota Pe’ Hernández, y la representante a la Cámara Lina María Garrido, a quienes acusó de mensajes que, según él, podrían interpretarse como apoyo o normalización de una intervención militar extranjera en Colombia.

Posteriormente se conoció el documento completo de la denuncia en la que Antonio Sanguino incluyó también al congresista Miguel Abraham Polo Polo, elevando el número de parlamentarios señalados por estas supuestas conductas a tres.

En paralelo a la acción del ministro del Trabajo, el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga Franco, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una denuncia similar, enfocándose en la acusación de que los mismos congresistas habrían incurrido en instigación a la guerra o “incentivar la intervención militar extranjera”, lo cual, según él, constituye un atentado contra la soberanía y la integridad nacional.

La denuncia del Ministerio de Justicia específicamente nombra a María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático, además de Jota Pe Hernández y Lina María Garrido, señalándolos de “invitar o incentivar” acciones que podrían ser interpretadas como acciones hostiles o una aceptación de intervención externa frente a la situación regional reciente.

Según la argumentación de los denunciantes, los mensajes y pronunciamientos de estos congresistas tras la operación militar estadounidense en Venezuela y las declaraciones del expresidente Donald Trump habrían ido más allá de la libertad de expresión, cruzando un umbral que podría considerarse como menoscabo de la integridad nacional.

Recientemente también se conoció que el Viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón, que también añadirá nuevas denuncias a Jota Pe Hernández, Lina Garrido, Miguel Polo Polo y al candidato presidencial Abelardo de La Espriella; por las mismas razones.

El contexto es especialmente delicado: estas acciones ocurren en medio de una controversia internacional relacionada con la captura de Nicolás Maduro, la tensión regional, y discusiones sobre soberanía tras la intervención militar en Venezuela, factores que han generado un ambiente político polarizado.

Las denuncias han generado reacciones de rechazo entre los congresistas señalados. Por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal afirmó que estas denuncias buscan “silenciar la oposición usando el aparato judicial”, defendiendo su derecho a expresarse y sosteniendo que sus palabras constituyen ejercicio de opinión política, no delitos. Su partido Centro Democrático ha respaldado a la senadora, rechazando las denuncias del ejecutivo.

Juristas consultados por medios han advertido que tipificar publicaciones en redes sociales como delito de menoscabo de la integridad territorial puede ser complejo y debatible, y que la Corte Suprema de Justicia —como juez natural en estos casos— será la encargada de determinar si existe o no mérito penal para avanzar con los procesos.

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En conjunto, estas denuncias representan un choque entre la libertad de expresión de los representantes políticos y la interpretación del Gobierno sobre los límites de esa libertad cuando se trata de asuntos de soberanía e integridad nacional, planteando un escenario jurídico político que será resuelto por el máximo tribunal colombiano. Escenario que guarda algunas similitudes con hechos pasados donde al presidente Gustavo Petro se le ha obligado a retractarse por hacer afirmaciones a través de sus redes sociales contra figuras políticas o periodistas.