Desde la ONU critican falta de verdad sobre violaciones de DDHH en el Paro Nacional de 2021

Tres años después del paro nacional en el país, las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas siguen sin resolverse de manera efectiva. Morris Tidball-Binz, Irene Khan, Gina Romero y Mary Lawlor, quienes hacen parte de los equipo de Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresaron su preocupación por falta de verdad al respecto de estos hechos.

La inacción de las autoridades, según estos expertos, perpetúa un ambiente de impunidad que pone en riesgo la vida y seguridad de las víctimas y sus familias.

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A pesar de los esfuerzos del actual gobierno, como la creación de la Mesa Técnica Interinstitucional Permanente para abordar casos de violaciones de derechos humanos en protestas sociales, los avances han sido insuficientes. El estancamiento de los procesos judiciales y la falta de regulaciones adecuadas sobre el uso de la fuerza y armas menos letales en el contexto de las manifestaciones son algunos de los puntos que generan preocupación.

Uno de los aspectos más alarmantes es la falta de progreso en la investigación de los 16 casos reportados de asesinatos ilícitos de manifestantes. La transferencia de algunos casos a tribunales militares y las amenazas e intimidaciones hacia los participantes en estos procesos judiciales, incluidos abogados, testigos y defensores de derechos humanos, agravan la situación y ponen en duda la efectividad de las investigaciones.

Los expertos de la ONU insisten en la necesidad de que el Estado garantice investigaciones rápidas, eficaces y transparentes para procesar a los responsables de las violaciones de derechos humanos. La demora en estos procesos no solo perpetúa la impunidad, sino que también afecta el ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica en el país.

Particularmente preocupante es la situación de los familiares de las víctimas de los asesinatos en lugares como Siloé y Cali. Las amenazas y el acoso hacia ellos no han sido investigados adecuadamente, lo que impide que las familias obtengan justicia, reparación y garantías de no repetición, derechos fundamentales en este tipo de casos.

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La falta de justicia no solo tiene un impacto en las víctimas directas, sino que también envía un mensaje negativo a la sociedad colombiana sobre la capacidad del Estado para proteger los derechos humanos. Este ambiente de impunidad refuerza el riesgo de que se repitan violaciones de derechos en futuras protestas, lo que socava la confianza en las instituciones del país.

La ONU ha subrayado que es necesario llevar a los perpetradores ante la justicia para restaurar la confianza en las instituciones colombianas y garantizar que se reformen los sectores de seguridad involucrados en estos abusos. La reforma estructural del sector de seguridad es vista como un paso indispensable para evitar la repetición de estas violaciones.

En este sentido, el reconocimiento de la protesta como un derecho legítimo y la creación de mecanismos de protección para los manifestantes son pasos importantes, pero insuficientes si no se acompañan de investigaciones rigurosas que sancionen a los responsables de los abusos.

A nivel internacional, la comunidad sigue observando el proceso en Colombia con atención, esperando que se tomen medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas. La falta de justicia en estos casos podría generar un efecto negativo en la reputación internacional del país en cuanto a la defensa de los derechos humanos.

La presión de organismos internacionales, como la ONU, es clave para asegurar que las autoridades colombianas no abandonen estos casos y trabajen por establecer la verdad y reparar los daños causados. Las víctimas y sus familias tienen derecho a recibir respuestas claras y justicia por los actos cometidos durante las protestas de 2021.

Finalmente, los expertos de la ONU reiteran que no basta con hacer promesas o crear mesas técnicas, sino que es necesario que las investigaciones se lleven a cabo sin más demoras y con un compromiso firme de garantizar que no haya impunidad. Esto es fundamental para la construcción de una sociedad más justa y para el fortalecimiento del estado de derecho en Colombia.