El alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo será investigado por participación indebida en política

La Procuraduría anunció el 24 de octubre de 2025 la apertura de una investigación disciplinaria contra el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo Peñaloza, por presunta participación indebida en política, al favorecer la aspiración al Senado de su esposa, Alix Yirley Vargas Torrado, quien se encuentra inscrita como precandidata.

Te puede interesar: Cancillería logra la liberación de 17 connacionales detenidos en cárceles de Venezuela

Según el boletín oficial, la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa señaló que el mandatario podría haber aprovechado su cargo y la estructura municipal para promover alianzas políticas, compromisos electorales con dirigentes, concejales y exfuncionarios de Norte de Santander.

Entre las conductas que se investigan está la presunta presión a contratistas municipales para que asistieran a reuniones proselitistas, firmaran listas de apoyo y participaran en actos políticos durante horario laboral, lo que podría implicar la utilización de recursos públicos con fines electorales.

También se examina si el alcalde permitió o promovió el uso de instalaciones oficiales o espacios municipales para la realización de actividades de campaña o alianzas políticas, lo que vulneraría el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para servidores públicos.

Acevedo fue elegido para el periodo 2024-2027 como alcalde de Cúcuta, y su esposa Alix Yirley Vargas anunció públicamente su intención de aspirar al Senado para las elecciones legislativas de 2026, lo que generó desde antes cuestionamientos por posibles conflictos de interés.

La investigación no implica de forma automática sanción: la Procuraduría aclaró que se encuentra en etapa de verificación de hechos, para establecer si se configura una falta disciplinaria, y si se actúa con dolo, culpa o bajo alguna causal de exclusión de responsabilidad.

De confirmarse irregularidades, el alcalde podría enfrentar sanciones como suspensión del cargo, destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas, como lo establece el régimen disciplinario para casos de participación indebida en política.

Este caso adquiere relevancia política y jurídica pues se enmarca en un contexto de elecciones legislativas de 2026, cuando la regulación de la participación de los servidores públicos en política es más sensible. La ley 734 de 2002 prohíbe que funcionarios públicos intervengan en campañas electorales.

Para la opinión pública y para la credibilidad institucional, el episodio plantea preguntas sobre el uso de la estructura administrativa de un municipio para fines electorales y la separación entre cargos públicos y aspiraciones partidistas de familiares, una franja crítica en democracia.

La defensa del alcalde Acevedo aún no se ha pronunciado oficialmente ante los medios —al menos públicamente— sobre los cargos que se le imputan. Sin embargo, la administración municipal está obligada por la norma a prestar colaboración al proceso que adelanta la Procuraduría.

Organizaciones de control social y veeduría en Norte de Santander han expresado que el caso debe seguir con transparencia y celeridad, para evitar que quede en letra muerta y para salvaguardar que las reglas electorales y administrativas se apliquen tanto en los grandes como en los pequeños municipios.

Te puede interesar: Gobierno anuncia proyecto para armonizar producción de alimentos y conservación en el Cocuy

La investigación disciplinaria al alcalde de Cúcuta por presunta participación indebida en política a favor de su esposa es un llamado de atención para la administración pública local. Si los hechos se confirman, podría representarse como una falla institucional grave. Más allá del caso individual, el episodio refuerza la necesidad de vigilar que servidores públicos actúen con imparcialidad y sin mezclar funciones públicas con fines electorales.