El CNE abrió una investigación preliminar contra el expresidente Álvaro Uribe por su posible inscripción al Senado en 2026, pese a que su condena aún no está en firme y se espera el fallo de apelación el 21 de octubre. El Centro Democrático aclaró que aún no ha formalizado su candidatura.
El Consejo Nacional Electoral – CNE decidió abrir una indagación preliminar para investigar la posible inscripción de Uribe al Senado por las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, bajo la sospecha de que podría existir una inhabilidad para aspirar. Esta medida responde a una denuncia ciudadana que cuestiona que Uribe pueda estar incurriendo en una causal de inhabilidad establecida por el artículo 179 de la Constitución Política, que prohíbe ser congresista a quien haya sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad (salvo delitos políticos o culposos).
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El CNE está analizando la nulidad de la revocatoria de una inscripción hipotética —es decir, que la inscripción aún no se ha formalizado— y otorga un plazo de diez días hábiles para que Uribe y su partido presenten pruebas o argumenten. En su resolución el CNE subraya que la indagación se activa antes de que la inscripción sea inscrita formalmente, lo cual muestra que el ente electoral actúa de forma preventiva.
Paralelamente, hay que recordar que Uribe ya fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, sentencia emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia. Sin embargo, esa sentencia no es aún firme pues la apelación está en trámite ante el Tribunal Superior de Bogotá, que estableció lectura de fallo para el 21 de octubre de 2025. Por tanto, Uribe se encuentra en una situación judicial intermedia: condenado en primera instancia, pero a la espera de la segunda instancia donde puede confirmarse, modificarse o revocarse la sentencia.
Este escenario judicial es clave para la indagación del CNE porque de confirmarse la condena, la causal de inhabilidad podría quedar activada y eso impediría legalmente su inscripción como senador. Si la apelación revoca la condena, entonces Uribe recuperaría más seguridades jurídicas para participar. Por el contrario, una confirmación del fallo cerraría la puerta a su aspiración legislativa.
Desde el punto de vista político, el partido Centro Democrático ya había anunciado la intención de incluir a Uribe en su lista cerrada al Senado para 2026. Según declaraciones del director del partido, Gabriel Vallejo, “el presidente Álvaro Uribe será el número 25 en la lista” de 25 aspirantes que el partido pretende llevar al Congreso. Esta posición en el último lugar de la lista (número 25) fue explicada como una jugada simbólica, para atraer votos y consolidar la bancada del partido.
No obstante, y aunque el anuncio se hizo, el Centro Democrático ha aclarado que no ha inscrito formalmente a Uribe como candidato al Senado, lo cual lo exime, de momento, de un acto electoral formal que someter al control del CNE. En el auto del CNE se destaca que “al no existir una inscripción formal … resulta improcedente efectuar un análisis de fondo sobre la solicitud presentada”. Por tanto, aunque el nombre de Uribe figure como aspirante, la legalidad de su postulación todavía está en condición de expectativa.
En su comunicado, el Centro Democrático defendió públicamente a Uribe ante la divulgación de la investigación del CNE, señalando que no existe una inscripción y que la campaña está supeditada a que su situación jurídica sea despejada. Al mismo tiempo el partido recordó que la participación de Uribe “dependerá de que los temas judiciales lo permitan”. Esta cautela demuestra que el partido es consciente de la vulnerabilidad jurídica de su líder.
La apertura de la investigación del CNE tiene varias implicaciones prácticas. Por una parte, abre una puerta para que el ente electoral impugne o incluso revoque la inscripción si comprueba la inhabilidad. Por otra, genera un factor de presión política sobre Uribe y su partido, pues si la decisión del martes 21 confirma la condena, entonces la lista quedará comprometida y el partido tendría que replantear su estrategia para 2026. Precisamente, algunos analistas estiman que este hecho convierte a Uribe en un “arma de doble filo”: moviliza electores, pero al mismo tiempo, su rol depende del desenlace judicial.
Para el sistema político colombiano, este caso tiene un significado especial porque sería la primera vez que un expresidente condenado en primera instancia intenta volver al Congreso mientras espera la resolución de su apelación. Esto pone a prueba la tensión entre la presunción de inocencia, la inhabilidad política y el derecho de participación. En este contexto, el CNE actúa como órgano de control que debe velar por el cumplimiento de la normativa electoral incluso mientras el litigio penal se resuelve.
Es importante señalar que todo esto no significa que Uribe ya esté impedido de inscribirse o que su lista haya sido invalidada: la investigación es preliminar, la inscripción no se ha formalizado, la sentencia no es firme y por tanto la situación está aún en vilo. Cualquier interpretación definitiva aún es prematura. Además, el CNE dará continuidad al proceso solo si hay acto electoral concreto que revisar.
Para los plazos próximos, lo clave es el 21 de octubre de 2025 cuando se espera la decisión del Tribunal Superior de Bogotá sobre la apelación de Uribe. Si ese fallo ratifica la condena, su inscripción al Senado probablemente quedaría imposibilitada legalmente y el partido tendría que reconfigurar la lista. Si revoca o modifica la sentencia, Uribe recuperaría mejores condiciones para aspirar. Hasta entonces, todo está condicionado.
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Estamos ante un episodio de alta tensión entre lo jurídico y lo político, en el que el expresidente Uribe busca retomar una curul legislativa mientras enfrenta una condena en primera instancia y una amenaza real de inhabilidad. El CNE ha abierto la puerta a investigarlo, el Centro Democrático lo ha colocado simbólicamente en la lista pero sin inscribirlo formalmente, y el desenlace dependerá del fallo de apelación el 21 de octubre. Las próximas semanas serán clave para definir no sólo su regreso al Congreso, sino también las dinámicas de poder en la derecha colombiana de cara a 2026.