El medio salvadoreño El Faro reveló que Nayib Bukele sostuvo acuerdos con las maras desde antes de ser alcalde de San Salvador. Estos se rompieron en 2022 y dieron comienzo al estado de excepción.
lunes, 5 de mayo de 2025
El medio salvadoreño El Faro reveló que Nayib Bukele sostuvo acuerdos con las maras desde antes de ser alcalde de San Salvador. Estos se rompieron en 2022 y dieron comienzo al estado de excepción.
Carlos Cartagena, identificado como líder de la mara Barrio 18 Revolucionarios, ofreció una reveladora entrevista al medio salvadoreño El Faro, donde aseguró que el presidente Nayib Bukele habría establecido pactos secretos con las maras desde mucho antes de llegar al poder. Según Cartagena, estos acercamientos comenzaron incluso cuando Bukele era candidato a la alcaldía de San Salvador, lo que implicaría una estrategia de largo aliento para asegurar apoyo territorial y electoral.
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La investigación de El Faro, medio reconocido por su periodismo de investigación crítica, también expone que estos acuerdos continuaron una vez Bukele asumió la presidencia en 2019. Documentos, grabaciones y testimonios formarían parte de las evidencias que respaldan la existencia de estos tratos, en los que las pandillas recibieron beneficios a cambio de cooperación política y control territorial.
Cartagena reveló que, gracias a la complicidad de ciertos funcionarios gubernamentales, varios líderes de las maras lograron salir del país, evadiendo así posibles procesos judiciales o represalias por parte del Estado. Esta protección habría incluido facilitación logística, documentos falsos y rutas seguras para salir del país sin ser detectados.
Entre los términos del pacto, según el líder pandillero, estaban los pagos directos en efectivo a las estructuras criminales y la petición expresa de que las maras influyeran en sus comunidades para movilizar el voto a favor de Bukele. Esto explicaría, en parte, el ascenso político meteórico del mandatario, que contó con una fuerte base electoral en zonas populares controladas por pandillas.
Durante la pandemia de COVID-19, estos acuerdos habrían alcanzado un nuevo nivel de coordinación. Según Cartagena, el gobierno solicitó a las maras que impusieran el confinamiento en sus territorios, vigilando que la población no saliera a las calles, en momentos en que el Estado no tenía la capacidad operativa para controlar todos los sectores del país.
Sin embargo, en marzo de 2022, estos acuerdos colapsaron abruptamente. Una masacre de 87 personas, atribuida a un recrudecimiento del conflicto entre pandillas y fuerzas estatales, marcó el fin de siete años de pacto y desencadenó la imposición del régimen de excepción, medida que ha sido ampliamente criticada por organizaciones internacionales de derechos humanos.
Desde entonces, el gobierno ha lanzado una campaña masiva de detenciones, con más de 75,000 arrestos, muchos de ellos sin orden judicial ni debido proceso. Aunque esta política ha reducido drásticamente los índices de homicidios, también ha sido señalada por abusos, detenciones arbitrarias y una creciente militarización del país.
Tras la publicación de la entrevista con Cartagena, los periodistas de El Faro denunciaron que han comenzado a recibir nuevas amenazas por parte del gobierno, lo que se suma al exilio forzado de varios de sus miembros en años anteriores, debido a la creciente presión estatal contra medios críticos.
El Faro ha insistido en que esta denuncia no busca únicamente exponer los errores del actual gobierno, sino también mostrar un patrón histórico, ya que anteriores administraciones salvadoreñas también pactaron con las maras en busca de beneficios políticos o reducciones momentáneas de la violencia.
Sin embargo, la diferencia en este caso radica en el contexto actual: Bukele goza de niveles de popularidad sin precedentes en América Latina, lo que ha dificultado el debate público sobre los límites de su poder y ha generado una normalización del autoritarismo en nombre de la seguridad.
La entrevista con Cartagena, por tanto, plantea serias preguntas éticas y políticas sobre los métodos utilizados por el gobierno para combatir la violencia, pero también sobre las consecuencias a largo plazo de utilizar estructuras criminales como herramientas de gobernabilidad.
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Los periodistas del medio reiteraron que su propósito principal es garantizar el derecho de la ciudadanía a estar informada, especialmente cuando se trata de líderes con tanto respaldo popular. Afirman que el relato de Cartagena debe ser tomado como un llamado a la reflexión sobre qué tipo de país se está construyendo en medio de la lucha contra el crimen organizado.