Autoridades ecuatorianas y colombianas confirmaron la muerte de once militares ecuatorianos en una emboscada realizada por los Comandos de Frontera. Este grupo ilegal negó la acción.
Autoridades ecuatorianas y colombianas confirmaron la muerte de once militares ecuatorianos en una emboscada realizada por los Comandos de Frontera. Este grupo ilegal negó la acción.
La noche del 9 de mayo, una emboscada en el sector de Alto Punino, en el distrito de Orellana-Loreto, resultó en la muerte de 11 militares ecuatorianos. La acción fue atribuida inicialmente a los Comandos de Frontera, una disidencia de las FARC, aunque este grupo negó su participación en el ataque.
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El Ejército ecuatoriano, la Fiscalía de Ecuador y las Fuerzas Militares de Colombia confirmaron la tragedia. Diez de los militares fallecieron en el lugar, mientras que uno más murió posteriormente en el Hospital Militar Francisco Orellana, debido a las heridas sufridas durante la emboscada.
Los Comandos de Frontera han estado en conflicto con la organización criminal ecuatoriana conocida como Los Choneros. Ambas facciones luchan por el control de la minería ilegal y los corredores del narcotráfico en las zonas fronterizas entre Colombia y Ecuador.
A pesar de las acusaciones, los Comandos de Frontera negaron su implicación en la emboscada. Afirmaron que no atacan a militares colombianos ni ecuatorianos, ya que actualmente participan en una mesa de diálogos de paz con el Gobierno Nacional.
El ataque se produjo mientras un escuadrón de 80 militares de las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaba un operativo contra la minería ilegal en el Alto Punino, una zona selvática cercana al Parque Nacional Sumaco Galeras.
La emboscada fue ejecutada con explosivos, granadas y fusiles, según información de la inteligencia militar. Entre los fallecidos se encuentran dos tenientes, siete cabos, un soldado y un sargento, todos pertenecientes a la Brigada de Selva 19 Napo.
Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Centro Forense de Lago Agrio, en la provincia de Sucumbíos, para realizar las diligencias correspondientes y facilitar su identificación por parte de las autoridades y familiares.
La región del Alto Punino se ha convertido en un foco de violencia debido al crecimiento de la minería ilegal, especialmente en la extracción de oro. Esta actividad ilícita ha sido impulsada por la informalidad y redes transnacionales que operan en las zonas fronterizas.
El Ministerio de Defensa de Ecuador se comprometió a capturar a los responsables del ataque, intensificando las operaciones en la región para garantizar la seguridad y el control del territorio afectado por la violencia.
La Asociación de Guardaparques del Ecuador ha denunciado anteriormente la presencia de grupos criminales realizando actividades de minería y tala ilegal en áreas protegidas, alertando sobre la incursión de delincuentes armados y el secuestro de guardaparques.
Un informe del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA confirma el avance de la minería ilegal en Ecuador, atribuyéndolo a factores como la informalidad del sector, la presencia de yacimientos en lugares remotos y la existencia de redes dedicadas a la extracción ilícita en países vecinos.
La exministra del Interior, Mónica Palencia, confirmó que la minería ilegal exportó oro por un valor estimado de 1.300 millones de dólares, evidenciando la magnitud del problema y su impacto en la economía y seguridad del país.
La situación ha generado preocupación en la comunidad internacional, que observa con atención el desarrollo de los acontecimientos y la respuesta de las autoridades ecuatorianas frente a la creciente violencia en las zonas fronterizas.
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Este trágico evento resalta la necesidad de una acción coordinada y efectiva para garantizar la seguridad de las fuerzas armadas y la población civil, así como la protección de los recursos naturales y la soberanía de los países afectados.