A pesar de la controversia sobre el reducción de penas a cambio de información, la reforma a la justicia sigue avanzando en el congreso.
A pesar de la controversia sobre el reducción de penas a cambio de información, la reforma a la justicia sigue avanzando en el congreso.
El proyecto de reforma constitucional para una justicia ágil y eficaz, presentado por el Gobierno nacional ante el Congreso, entra en examen en la Cámara de Representantes tras ser aprobado por el Senado de la República.
Este acto legislativo, compuesto por 12 artículos, fue aprobado por 63 senadores en la sesión Plenaria, luego de su discusión y aceptación en la Comisión Primera, que inició su estudio.
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La Plenaria priorizó la votación de esta iniciativa sobre otros 75 proyectos de ley. Se resolvieron previamente los impedimentos de 14 congresistas.
La norma busca modernizar y agilizar la administración de justicia en Colombia, especialmente en el ámbito penal. Incluye mecanismos de reparación integral, beneficios por allanamiento a cargos y preacuerdos, además del principio de oportunidad para una justicia más eficaz.
En el debate del Senado, la ponencia favorable estuvo a cargo de senadores como Ariel Ávila Martínez, Fabio Raúl Amín Saleme, Carlos Fernando Motoa Solarte, Paloma Valencia, y María José Pizarro, entre otros.
El proyecto introduce la indemnización integral como mecanismo para extinguir la acción penal en ciertos delitos. Permite que el acusado cierre el proceso mediante la reparación a la víctima.
Se establecen mecanismos para agilizar los procesos judiciales, implementando alternativas legales que faciliten la conclusión de casos en el menor tiempo posible.
La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, aseguró que la propuesta no genera impunidad, sino que aporta beneficios mediante incentivos definidos en el Código Penal.
La iniciativa se enfoca en la justicia restaurativa, con un control riguroso de los fiscales sobre los casos. Ellos deben investigar y presentar pruebas que respalden las sentencias.
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El proyecto fue construido con aportes de operadores del sistema penal acusatorio, reunidos en la Comisión de Expertos para la Reforma a la Justicia.
Como acto legislativo, debe superar ocho debates en dos vueltas. Tras ser aprobado en la Comisión Primera y la Plenaria de la Cámara, volverá al Senado para su revisión final.
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