martes, 7 de octubre de 2025

Estado colombiano reconoce responsabilidad internacional por la detención ilegal de Gustavo Sastoque

En un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, representantes del Estado admitieron haber violado los derechos fundamentales del exfuncionario de la Fiscalía Gustavo Sastoque Alfonso por haber sido detenido de manera ilegal, ser juzgado sin respetar su debido proceso y condenado con falsas pruebas a 40 años de cárcel.

En ceremonia celebrada en el auditorio de la Fiscalía General de la Nación se dio cumplimiento a un acuerdo de cumplimiento de recomendaciones, en el marco de un proceso de reparación interpuesto por la víctima ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual concluyó que el Estado colombiano fue “responsable por la violar los derechos a la libertad personal, garantías y protección judiciales de Sastoque, establecidos en la Convención Americana».

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La CIDH recomendó al Estado colombiano dejar sin efectos la condena impuesta contra Gustavo Sastoque y otorgarle una reparación integral que comprendiera compensación económica, medidas de satisfacción y, de ser solicitado, atención en salud física y psicológica.

Actuación procesal cuestionada

La detención ilegal y arbitraria de Sastoque se produjo el 8 de marzo de 1995 en Bogotá. La víctima laboraba en el archivo de la sección de criminalística y de correspondencia del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía Seccional de Bogotá y fue vinculado al proceso penal por el homicidio de Hernando Pizarro Leongómez.

Con base en falsos testimonios validados por las autoridades judiciales, se señaló a Sastoque de haber estado presente en la escena del crimen para ocultar las pruebas de su presunta participación en el crimen, pese a no ejercer funciones operativas y contar con pruebas de estar a más de 20 kilómetros de distancia del lugar a la hora que ocurrió el homicidio. 

Sastoque fue citado a comparecer ante la Fiscalía para preguntar por un expediente. Cuando llegó fue detenido por agentes estatales en un cuarto de interrogatorio sin indicarle las razones de su detención. Una hora después le mostraron una orden de arresto, emitida el mismo día, por el delito de homicidio de Pizarro Leongómez.

El 26 de mayo de 1997, el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá emitió sentencia condenatoria en contra de Gustavo Sastoque como autor del delito de homicidio agravado de Hernando Pizarro Leongómez, imponiéndole una pena de 41 años de prisión y 10 años de interdicción de derechos y funciones públicas.

El 6 de marzo de 1998, la Sala de Decisión del Tribunal Nacional confirmó la condena y modificó la pena principal a 40 años y 6 meses de prisión.

El 3 de septiembre de 2003 el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá “redosificó la pena de prisión” en 25 años y tres meses de prisión. Dos años después se concedió una rebaja de prisión de dos años, seis meses y nueve días. 

Finalmente, el 30 de noviembre de 2005 el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá emitió una providencia mediante la cual otorgó libertad condicional.

Abogados de la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), como apoderados de Sastoque, presentaron una denuncia ante la CIDH y el 24 de marzo de 2022, el Estado colombiano, representado por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica (ANDJE), acordó el acto de reparación presidido por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón.

El proceso evidenció varias y graves vulneraciones a las garantías judiciales de Sastoque: se emplearon a fiscales, testigos, jueces y magistrados que ocultaron la identidad afectando el principio de competencia, independencia e imparcialidad; se impidió a la defensa del procesado interrogar a testigos y de presentar pruebas lo que afectó su derecho de defensa; y se sobrepasó el plazo irrazonable de duración del proceso.

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En octubre de 2020, unos 25 años después de haber sido detenido Sastoque, los excomandantes de las extintas guerrillas de las Farc-EP, presentaron una carta ante la Jurisdicción Especial para la Paz en la cual reconocieron su autoría en el asesinato de Hernando Pizarro Leongómez y, en el marco de su aporte a la verdad, han pedido perdón por los hechos sucedidos.

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