En medio de tensiones por las acciones bélicas de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, así como la inminencia de una invasión a Venezuela; el gobierno norteamericano incluyó al presidente Petro y su familia en la lista Clinton.
El 24 de octubre de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (a través de la , su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior Armando Benedetti en la denominada “Lista Clinton” (Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas).
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Según el comunicado oficial, la medida se basa en la Orden Ejecutiva 14059, que faculta al Tesoro a sancionar a personas vinculadas al tráfico ilícito de drogas internacionales. El Tesoro acusó a Petro de haber permitido que los cárteles de la droga prosperaran en Colombia y de no haber tomado medidas suficientes para detener el flujo de cocaína hacia Estados Unidos
El contexto geopolítico es complejo: Colombia tradicionalmente ha sido uno de los principales aliados de Estados Unidos en América Latina en la lucha antidrogas. También ha sido fundamental en la presión a gobiernos con ideas contrarias a las políticas del país norteamericano. Ahora con Petro, el desafío a Donald Trump ha sido la constante, en medio de una violenta forma de manejar las relaciones diplomáticas desde el país del norte.
La inclusión de un jefe de Estado colombiano en esta lista es inédita. Los analistas consideran que la medida no sólo afecta a la persona, sino que simboliza un cambio de tono por parte de Washington hacia Bogotá, al dejar de ver al país exclusivamente como socio y empezar a señalarlo también como riesgo.
Para la familia Petro las consecuencias pueden ser directas: bloqueo de bienes en Estados Unidos, imposibilidad de hacer negocios con entidades estadounidenses, congelamiento de activos y posibles sanciones secundarias para quienes realicen transacciones con ellos.
A nivel de Colombia, la medida podría dañar la imagen internacional del país, encarecer las transacciones financieras internacionales, y complicar la cooperación con Estados Unidos en varios frentes (finanzas, antinarcóticos, comercio).
En el ámbito político interno, los copartidarios de Petro han denunciado que la sanción es injusta y motivada políticamente, mientras la oposición la celebra como la concreción de largos señalamientos de vínculos gubernamentales con el narcotráfico.
Algunos miembros de la oposición han señalado que esta medida profundiza la percepción de que el gobierno de Petro estaría vinculado a estructuras ilícitas, mientras que el oficialismo argumenta que se está ante una vulneración de la soberanía colombiana.
Analistas han indicado que la acción responde a un lobby direccionado desde la Florida y congresistas repúblicanos que buscan castigar a cualquier mandatario que no esté en favor de medidas en contra de gobiernos como el de Cuba o Venezuela.
En cuanto a comparación con otros mandatarios, hasta ahora la lista había incluido gobernantes o exgobernantes sancionados, pero nunca a un presidente en ejercicio colombiano. Esto marca un contraste: mientras otros líderes han sido investigados en sus países, la sanción de Estados Unidos actúa como instancia externa.
La decisión llega en un momento de polarización intensa, y podría agravar las tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington. Ya previamente Estados Unidos había calificado a Colombia como un país “no cooperante” en materia antidrogas, por primera vez en décadas.
Por su parte, la administración de Petro dijo que acudirá a tribunales estadounidenses para defenderse y que la inclusión en la lista “es una amenaza cumplida” de Washington.
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La inclusión de Gustavo Petro, su familia y un alto funcionario en la Lista Clinton es un episodio de gran resonancia —no sólo personal—, sino institucional y geopolítico. Define una nueva fase en las relaciones entre Estados Unidos y Colombia y abre interrogantes sobre soberanía, diplomacia y lucha antidrogas que tendrán repercusiones profundas.